El fiscal Carlos Rívolo encabeza una investigación clave que busca desentrañar posibles desvíos de fondos en la contratación de seguros por parte de organismos estatales con Nación Seguros, intermediados por un entramado de 25 brokers. La causa judicial se centra en 45 contratos que involucran una suma millonaria y podría destapar un circuito alternativo de fondos que, según sospechas, habrían sido canalizados a través de cooperativas vinculadas a exfuncionarios de la aseguradora estatal.
El expediente patrimonial que conduce Rívolo pone el foco en dos cooperativas, señaladas como posibles vías de desvío del dinero proveniente de las comisiones pagadas por el Estado. Según el juez federal Julián Ercolini, estas cooperativas podrían haber sido utilizadas “para canalizar fondos obtenidos como resultado de la maniobra investigada”. Estas entidades están conectadas con la empresa San Ignacio Sociedad de Productores de Seguros, contratada por la ANSES y vinculada a exfuncionarios de Nación Seguros, lo que agudiza las sospechas de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
La investigación también examina el impacto del decreto 823/2021, firmado por el expresidente Alberto Fernández, que obligó a la contratación exclusiva de Nación Seguros por parte del Estado y permitió la participación de brokers como intermediarios. Entre las personas y empresas involucradas se encuentran figuras destacadas, como Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada del expresidente, y varias compañías que están bajo la lupa de la fiscalía. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) se ha centrado en analizar si estos intermediarios contribuyeron a un esquema para desviar fondos, privando al Estado de procesos licitatorios transparentes.
El Estado desembolsó un total de más de 3.453 millones de pesos en comisiones por estos contratos, lo que equivale a unos 17 millones de dólares al tipo de cambio de cada año. Dos cooperativas, en particular, están siendo investigadas para determinar si fueron utilizadas para cobrar comisiones y si sus vínculos con exfuncionarios de Nación Seguros sirvieron para alimentar un circuito de desvío de fondos. La fiscalía ha recibido informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que sugieren que la Cooperativa 7 de Mayo podría haber mantenido relaciones financieras con diversas empresas del sector asegurador, incluyendo San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros, S.O.S., y otras entidades que están siendo minuciosamente investigadas.
La justicia ha solicitado a las diez empresas mencionadas en los informes de la UIF que presenten documentación que justifique sus vínculos con la Cooperativa 7 de Mayo, así como las transferencias bancarias y facturas emitidas a su nombre. Además, se investiga un conjunto de cheques por un total de 15 millones de pesos, emitidos por la cooperativa, que fueron endosados por empresas cuya actividad principal está relacionada con servicios financieros, lo que añade un elemento más a las sospechas de irregularidades.
En paralelo, la investigación enfrenta desafíos debido a la falta de colaboración de algunas de las empresas involucradas. Por ejemplo, San Ignacio Sociedad de Productores, que fue uno de los intermediarios clave en los contratos con Nación Seguros, presentó documentación de manera irregular, según indicó el juez Ercolini. Esta empresa, junto a TG Broker, actuó como intermediaria en los seguros contratados por la ANSES, que se destaca como uno de los organismos que más dinero pagó en comisiones entre 2020 y 2024.
El entramado de relaciones personales y profesionales que se desprende de esta investigación abarca desde exfuncionarios de Nación Seguros hasta miembros de cooperativas que podrían haber facilitado el desvío de fondos. La justicia busca esclarecer si estas conexiones contribuyeron a una red que, en lugar de asegurar la transparencia en la contratación de seguros estatales, terminó desviando recursos que deberían haber beneficiado al Estado y, en última instancia, a los ciudadanos.
