El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue reelegido este martes para un nuevo período de tres años al frente del máximo tribunal del país. La votación, que se llevó a cabo en la última reunión de acuerdos del mes, fue impulsada por el decano Juan Carlos Maqueda, quien propuso adelantar el proceso antes de su jubilación. Con los votos de Maqueda, Rosatti y el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la continuidad de las actuales autoridades quedó asegurada. Ricardo Lorenzetti, el cuarto miembro del tribunal, optó por abstenerse.
La reelección de Rosatti se da en un momento delicado para la Corte Suprema, marcada por tensiones políticas y diferencias internas que se hicieron evidentes desde su primera elección en 2021. La votación de aquel año dejó en claro las divisiones entre Lorenzetti y el resto de los ministros, tensiones que han ido en aumento, reflejadas en acusaciones públicas y conflictos detrás de escena. A pesar de las diferencias, la “mayoría estable” de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda ha mantenido una postura unificada en cuestiones de administración y superintendencia del tribunal, aunque las desavenencias continúan en el plano jurídico.
El contexto político de la Corte también se ve afectado por la falta de integración plena, ya que desde la jubilación de Elena Highton, el tribunal ha funcionado con cuatro miembros en lugar de los cinco que establece la ley. La situación podría agravarse en diciembre, cuando Maqueda cumpla 75 años y se retire. El gobierno de Javier Milei ha propuesto a dos candidatos, el juez Ariel Lijo y el académico Juan Manuel García-Mansilla, para cubrir estas vacantes, pero hasta el momento no han conseguido el respaldo necesario en el Senado, lo que podría llevar a un funcionamiento de la Corte con solo tres miembros.
Este escenario plantea desafíos importantes para el gobierno de Milei, que necesita el aval judicial para avanzar con sus reformas. Sin embargo, para la oposición, en particular para Cristina Kirchner, el posible retraso en la toma de decisiones de la Corte podría resultar beneficioso, ya que dilataría la confirmación de su condena por corrupción en el caso Vialidad. Ante este panorama, el tribunal se enfrenta a un futuro de incertidumbre, con la necesidad de mantener la armonía institucional mientras lidia con sus propias fracturas internas.
