En una medida significativa para el sistema de salud argentino, el Gobierno Nacional ha dispuesto que las prepagas y obras sociales puedan fijar libremente los precios de los coseguros dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), anteriormente regulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Esta resolución, reflejada en la 1926/2024, busca promover una mayor competitividad y transparencia en el subsistema de salud, permitiendo a las entidades ajustar los costos adicionales que los usuarios deben pagar por ciertas prestaciones médicas.
Los coseguros, que hasta ahora eran regulados por la SSS, afectan principalmente a los beneficiarios de obras sociales nacionales y algunos clientes de prepagas, especialmente aquellos inscritos en planes más básicos. Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de reordenamiento del sistema de salud, impulsado por el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios sanitarios y optimizar el financiamiento del sector.
La decisión ha generado debate y algunas incertidumbres respecto a su alcance. Mientras el Gobierno asegura que la medida solo afecta a obras sociales nacionales, mutuales y asociaciones sin fines de lucro, las compañías de medicina privada creen que también las alcanza. “Deberían haberlo aclarado en esta resolución, creemos que sí. Desde la propia Superintendencia nos lo confirmaron”, señalan voceros del sector de las prepagas.
Según fuentes del sector privado de la salud, esta nueva normativa fue diseñada específicamente para las obras sociales nacionales, que atienden a afiliados con necesidades distintas a los socios de la medicina privada. Sin embargo, las implicaciones exactas para las prepagas y otros agentes del sistema de seguro de salud aún generan debate y preocupación en el sector.
La Resolución 1926/2024 deja sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros para las prestaciones médico-asistenciales del PMO, permitiendo a las entidades fijar libremente estos valores. Esto implica que los usuarios deberán estar debidamente informados de cualquier ajuste con al menos 30 días de antelación, asegurando así una mayor transparencia en los costos adicionales que puedan enfrentar por servicios médicos.
En conclusión, la medida representa una nueva fase de desregulación en el sector sanitario argentino, continuando con las políticas iniciadas bajo el gobierno de Javier Milei para aumentar la competitividad y flexibilidad en el subsistema de salud. A medida que las prepagas y obras sociales implementen estos cambios, será crucial observar cómo impactan en los usuarios y qué medidas adicionales podrían tomarse para garantizar un acceso equitativo y asequible a los servicios de salud en el país.
