El Gobierno nacional denunció el hallazgo de un boliche clandestino en un inmueble cedido en 2018 a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, con fines educativos. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que la Policía Federal allanó el lugar, ubicado en Rivadavia al 2700, encontrando un uso completamente ajeno a su propósito original. “Es muy impresionante cuando uno ve las fotos de lo que hicieron con el lugar”, expresó Adorni, al referirse al estado del inmueble, que había sido convertido en un boliche en lugar de contar con aulas y espacios educativos. “En vez de lo que debe conformar un ámbito educativo, lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botella de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche”, destacó el vocero.
Según el Gobierno, la Universidad Madres de Plaza de Mayo recibió en 2023 un total de 4.500 millones de pesos sin haber registrado estudiantes, lo que representa una grave desviación de los fines educativos para los cuales se había concedido el inmueble. En este sentido, Adorni enfatizó que se trató de una “falta de respeto a todos los pagadores de impuestos” y subrayó que la situación está siendo investigada. “A todos los que se divertían con la plata de todos los argentinos… Muchachos, se les terminó la fiesta”, afirmó con contundencia. El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal que incluye la malversación de caudales públicos y otros posibles delitos relacionados con el uso indebido del espacio.
La investigación reveló que el edificio no solo fue transformado en un boliche, sino que también albergaba diversas organizaciones y actividades políticas. En los primeros pisos del inmueble, operaba la sede del Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.), vinculado a figuras políticas piqueteras, mientras que en otro de los pisos funcionaban la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina y la Asociación de Haitianos viviendo en el país. La denuncia presentada por el Ministerio de Justicia solicitó el allanamiento completo del predio y detalló que la utilización de este bien público violó los principios de eficiencia y legalidad, permitiendo su uso personal, político y comercial sin control alguno.
El Gobierno, a través de esta denuncia, ha dejado claro su compromiso con la protección del patrimonio estatal y ha subrayado la ilegalidad y la falta de justificación detrás de este uso inapropiado del inmueble. La denuncia ha sido respaldada por pruebas documentales y fotográficas que evidencian la alteración del destino autorizado del edificio, con la creación de un “espacio de uso personal” que, según el Gobierno, constituye una violación flagrante de los principios que deben regir la administración de los bienes públicos.
