Aunque el Gobierno nacional oficializó medidas para incentivar la exteriorización de ahorros no declarados, las provincias mantienen la posibilidad de aplicar sus propios controles fiscales, lo que podría limitar el efecto buscado. La estrategia de la administración de Javier Milei incluye la eliminación de ciertos regímenes informativos y la suba de montos mínimos a partir de los cuales los bancos deben informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA), en un intento por atraer al sistema financiero los dólares “guardados bajo el colchón”. Sin embargo, aún subsisten resistencias a nivel subnacional.
“No hay un régimen de adhesión y el país es federal, si algún gobernador quiere hacer inspecciones, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias”, explicó un funcionario de ARCA. A pesar del nuevo marco normativo que apunta a brindar más garantías de confidencialidad a los contribuyentes, los gobernadores conservan la potestad de continuar con sus propios mecanismos de fiscalización. En ese sentido, desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que no modificarán su sistema actual: “En la Provincia no se modifica nada y sigue trabajando como hasta ahora con las normas que salieron”, indicaron fuentes oficiales.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) cuenta con un poderoso entramado de control fiscal, que abarca 7,3 millones de inmuebles, casi 2 millones de vehículos y más de 1 millón de contribuyentes de Ingresos Brutos. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que continuarán evaluando la información que surja de patrimonios o consumos que no se condigan con lo declarado: “Si un contribuyente bonaerense expone un patrimonio superior a lo declarado, van a estar pagando ya el impuesto correspondiente en la Provincia”, afirmaron.
Lo mismo ocurre en otras jurisdicciones, como Santa Fe, donde aseguran que no requerirán información automáticamente, pero sí harán inspecciones en caso de inconsistencias fiscales. “Si te aparecen cinco departamentos, vas a pagar Bienes Personales y también vas a figurar en el registro de la propiedad de las provincias”, advirtieron desde la gobernación. Esto revela una tensión entre el plan del Ejecutivo nacional y el poder de las provincias de aplicar tributos como el inmobiliario, automotor o Ingresos Brutos, aún si el contribuyente se adhiere al nuevo régimen nacional.
En paralelo, el titular de ARCA, Juan Pazo, confirmó que quienes se incorporen al nuevo régimen simplificado de Ganancias “van a pagar por su facturación menos los gastos deducibles, sin mirar el consumo ni el incremento patrimonial”. Pero incluso con ese enfoque más laxo, especialistas señalan que no se extinguen obligaciones pasadas salvo que una ley lo establezca, y que los fiscos provinciales pueden continuar sus propias investigaciones.
Finalmente, Pazo anticipó el envío de un proyecto al Congreso para modificar la ley penal tributaria y reducir los plazos de prescripción. Sin embargo, desde la mirada técnica se insiste en que este proceso no equivale a un blanqueo fiscal. “Cada provincia tiene que fijar una posición respecto a los Ingresos Brutos para los contribuyentes de su jurisdicción, esto no es un blanqueo”, sostuvo la tributarista Teresa Gómez. En ese escenario, las provincias podrían convertirse en el principal obstáculo para el éxito del plan oficial.
