El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, solicitó la nulidad de 770 contratos que considera ilegales y que habrían generado un perjuicio millonario al Estado provincial entre 2008 y 2018. La medida forma parte de un proceso administrativo que se desarrollará en paralelo a una causa judicial que investiga la existencia de contratos falsos en la Legislatura entrerriana. “La política no puede quedarse con los brazos cruzados y mirar al costado”, expresó Frigerio en conferencia de prensa, y subrayó que “lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de las Cámaras de Diputados y de Senadores”.
El anuncio lo realizó acompañado por la vicegobernadora Alicia Aluani, quien preside el Senado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Allí comunicó que tras un “exhaustivo análisis” de los contratos celebrados entre 2008 y 2019, se tomó la decisión de solicitar a ambas cámaras legislativas que declaren su nulidad. “Lo dijimos en la campaña y lo estamos cumpliendo”, sostuvo Frigerio, quien también remarcó su intención de “ponerle fin a una historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción”.
La causa judicial fue impulsada por la ex fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien también estuvo a cargo de la investigación que derivó en la condena del exgobernador justicialista Sergio Urribarri por peculado y enriquecimiento ilícito. Goyeneche fue desplazada de forma irregular a través de un jury de enjuiciamiento, pero en 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló su destitución y ordenó su reposición. El caso de los contratos truchos, según el gobernador, constituye “una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país”.
Frigerio también anticipó que, tras la nulidad de los contratos, la Fiscalía de Estado avanzará con las acciones necesarias para recuperar los fondos públicos malversados. “Estamos dando un paso más y queremos que los que les robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”, afirmó. Y concluyó: “Es un proceso que va a correr en paralelo a la investigación judicial. Después de la nulidad, lo que vamos a exigir es la devolución de esos recursos que nos han robado durante casi una década”.
Por último, el mandatario fue enfático al señalar que el accionar político debe acompañar las decisiones judiciales: “La Justicia tiene ahora que definir quiénes han sido los responsables y, por supuesto, qué pena les cabe, pero la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad”.
