En un movimiento impulsado por el presidente Javier Milei, el Congreso de la Nación se prepara para debatir la iniciativa de “Ficha Limpia”, que propone la inhabilitación de candidatos condenados por corrupción y otros delitos graves. El proyecto, que será discutido tras el receso de julio, busca impedir que personas con antecedentes penales puedan postularse a cargos públicos, marcando un paso importante en la lucha contra la corrupción en Argentina.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, lideradas por los oficialistas Nicolás Mayoraz y Manuel Quintar, han programado un plenario para el martes 6 de agosto a las 14 horas. Este encuentro será clave para avanzar en el debate de una propuesta que ya ha sido discutida en ocasiones anteriores, pero nunca ha llegado a ser votada en el recinto. “Hay dos momentos donde no se puede aplicar: antes de la sentencia porque sería contrario al Pacto de San José de Costa Rica y con sentencia confirmada porque ya no tendría sentido y operaría la inhabilitación como una simple accesoria de la pena”, explicó Silvia Lospennato, autora de uno de los proyectos, en declaraciones a Clarín.
La iniciativa ha ganado impulso desde que el presidente Milei la mencionó entre sus prioridades durante la apertura de sesiones del 1° de marzo. Con la aprobación de la Ley de Bases, la coalición oficialista, La Libertad Avanza, busca avanzar rápidamente, consciente de que el tiempo es limitado debido a las próximas elecciones. “Mi proyecto plantea la inhabilitación temporal para ser candidato o ejercer cargos públicos con una condena en primera instancia. Y eso no afecta al principio de inocencia”, afirmó la diputada radical Roxana Reyes. “Prefiero correr el riesgo que se afecte el interés personal de un individuo que el de toda una comunidad”.
El debate se centra en dos aspectos principales: si es suficiente una condena en primera instancia o si se debe esperar una condena en segunda instancia, y qué tipos de delitos deberían incluirse para la inhabilitación. La discusión promete ser compleja, ya que involucra principios jurídicos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Para la primera jornada de debate, se ha decidido invitar a especialistas para que expongan sus puntos de vista y ayuden a esclarecer estos aspectos cruciales.
El proyecto de ley tiene como objetivo principal evitar que personas con antecedentes de corrupción puedan acceder a cargos públicos, una medida que ya se aplica en seis provincias argentinas: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe. “Nosotros planteamos la existencia de una condena sin tener que esperar a que quede firme, porque tal vez pasan 15 años para eso”, señaló Mayoraz a Clarín, destacando la importancia de actuar con celeridad para evitar que los procesos judiciales eternicen las decisiones políticas.
El Congreso se enfrenta así a un desafío significativo: equilibrar la necesidad de garantizar la transparencia y la integridad en la política con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La resolución de estos debates será crucial para determinar el futuro de la iniciativa y su impacto en la política argentina.
