Este 20 de septiembre se cumplieron 146 años de la ley de federalización de Buenos Aires, la norma que en 1880 separó a la ciudad de su propia provincia y creó una de las divisiones administrativas más peculiares del país. La medida, recordada en la cara oeste del Obelisco, puso fin a décadas de disputas violentas entre porteños y bonaerenses por el control de la ciudad, su puerto y sus rentas aduaneras.
La llamada ‘cuestión capital’ no se resolvió de un día para el otro. Bernardino Rivadavia lo intentó en 1826 y terminó renunciando por el rechazo unánime de porteños y provincianos. La Constitución de 1853 volvió a designar a Buenos Aires como capital, pero la provincia se rebeló, no reconoció esa carta magna y obligó a instalar el gobierno de la Confederación en Paraná. El conflicto solo se saldó en 1880, cuando Carlos Tejedor y Julio Roca dirimieron a los tiros quién gobernaba la ciudad, con la victoria del roquismo y la federalización definitiva.
Una herida que sigue abierta 146 años después
Casi siglo y medio más tarde, esa división arbitraria sigue generando consecuencias muy concretas para millones de vecinos del Conurbano. La frontera invisible que separa la Capital de la provincia se traduce hoy en diferencias de tarifas de transporte, superposición de jurisdicciones policiales y una maraña burocrática que complica la vida cotidiana de quienes cruzan la General Paz todos los días para trabajar o estudiar.
Mientras la gestión de Javier Milei ordenó las cuentas nacionales, bajó la inflación mes a mes y devolvió previsibilidad macroeconómica después de la fiesta de gasto kirchnerista, esa mejora estructural choca de frente con la administración del territorio bonaerense. Axel Kicillof y buena parte de los intendentes del conurbano siguen sin resolver problemas de gestión básica: inseguridad, bacheo, alumbrado y un transporte que depende de subsidios cruzados heredados de otra época.
El costo de la desidia peronista en el territorio
La paradoja es evidente: la misma provincia que reclamó durante décadas más autonomía y recursos es hoy gobernada por dirigentes que administran con la lógica del clientelismo y la caja política antes que con planificación urbana seria. El resultado son municipios del primer y segundo cordón del GBA con servicios deficientes, mientras la Capital, con mayores recursos per cápita, profundiza aún más la brecha con sus vecinos bonaerenses.
Esa asimetría, que tiene raíz en la ley de 1880, se agrava cuando la gestión provincial no logra ejecutar obras ni ordenar las finanzas municipales al ritmo que lo está haciendo el Gobierno nacional con el equilibrio fiscal. El superávit y el desendeudamiento logrados por la administración de Milei contrastan con una Provincia que sigue dependiendo de la Nación para tapar baches de gestión propia.
La historia de la federalización, entonces, no es solo un capítulo de museo para recordar cada 20 de septiembre. Es también una explicación de por qué, todavía hoy, un vecino de Morón o de La Matanza paga un boleto distinto al de un porteño que cruza la misma avenida, y por qué la modernización que se empieza a ver en las cuentas nacionales tarda tanto en llegar a los municipios del conurbano bonaerense.
Entender ese origen ayuda a comprender por qué la verdadera ‘grieta’ territorial del AMBA no es solo geográfica, sino también de gestión: mientras la Nación ordena la macroeconomía, gran parte de la política bonaerense sigue atada a viejas prácticas que perpetúan la desigualdad entre ambos lados de la General Paz.
