En un fallo histórico, la Cámara Federal porteña ordenó la indagatoria del ex líder de los Montoneros, Mario Firmenich, en la causa que investiga el atentado cometido por esta organización en el comedor de la Policía Federal en julio de 1976, durante la dictadura. El ataque dejó 23 muertos y más de 100 heridos. Firmenich, quien reside en España, es el principal acusado en este caso, lo que marca un avance en la investigación de crímenes de la guerrilla en la Argentina.
El fallo, que revoca una decisión de la jueza María Servini, también alcanza a otros implicados, como el periodista Horacio Verbitsky, ex subjefe de inteligencia del grupo guerrillero, y varias personas más, entre ellas Laura Sofovich y Miguel Lauletta. En su resolución, la Cámara revoca los sobreseimientos previos de estos involucrados, con el fin de llevar a cabo nuevas indagatorias. Además, se ha aceptado la participación como querellantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que representa a los familiares de las víctimas del atentado.
Este fallo es un hito en la historia judicial argentina, ya que es la primera vez desde 1983 que se investiga un atentado de la guerrilla como una grave violación a los derechos humanos, lo que cambia la doctrina que hasta ahora había excluido estos crímenes de la categoría de lesa humanidad. Según fuentes judiciales, esta nueva interpretación es similar a la aplicada en la causa AMIA, que reconoce a estos delitos como violaciones graves a los derechos humanos. En su fallo, la Cámara destacó la gravedad del atentado, señalando que el ataque, con una bomba de tipo vietnamita, fue un acto intencionado y cruel, diseñado para causar el mayor daño posible en un momento preciso y en un lugar específico, lo que lo convierte en uno de los atentados más sangrientos de la historia argentina.
La decisión marca también un cambio en la jurisprudencia en relación a la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por la guerrilla. Hasta ahora, los crímenes de la dictadura se habían considerado imprescriptibles por ser delitos de lesa humanidad, pero este nuevo fallo extiende esa lógica a los atentados guerrilleros. En palabras del juez Mariano Llorens, no se trata de justificar los crímenes de los perpetradores de ayer, sino de recordar que “los crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el terror desde otros ámbitos”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había señalado previamente que la falta de investigación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos representa impunidad, lo que justifica la reapertura de casos como este.
El reclamo por justicia se alinea con la posición de la vicepresidenta de Libertad Avanza, Victoria Villarruel, quien ha pedido por los derechos de las víctimas de los atentados guerrilleros de la década del setenta. En paralelo, se ha solicitado el derecho a la verdad sobre los responsables de estos atentados, un derecho que, según la Cámara, debe ser ejercido por el Estado argentino para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos y garantizar la protección de las víctimas y sus familias.
