Entre Ríos se convirtió en la primera provincia argentina en eliminar por ley las jubilaciones de privilegio para gobernadores y vicegobernadores, un beneficio que durante décadas permitió a la casta política cobrar retiros extraordinarios sin relación con sus aportes reales. La medida, impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio, se da en pleno clima de época marcado por el discurso anticasta que Javier Milei instaló a nivel nacional desde 2023.
La nueva normativa deroga el régimen especial que garantizaba a los ex mandatarios provinciales una pensión equivalente al sueldo de un gobernador en actividad, independientemente de los años trabajados o los aportes efectuados. De ahora en más, quienes ocupen esos cargos se jubilarán bajo el régimen general, como cualquier trabajador entrerriano.
Un gesto que contrasta con la Provincia de Buenos Aires
Mientras Entre Ríos avanza con reformas concretas para achicar el gasto político, en la Provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof sigue sin dar señales similares. El distrito más poblado del país, gobernado históricamente por el kirchnerismo, continúa sosteniendo una estructura estatal sobredimensionada, cargada de superposición de cargos y gastos que terminan pagando los bonaerenses con sus impuestos.
La discusión sobre privilegios no es un detalle menor. En el conurbano, buena parte de los intendentes peronistas mantienen plantas políticas infladas, contratos discrecionales y un uso del Estado que muchas veces prioriza el clientelismo por sobre la eficiencia. La foto de Entre Ríos eliminando beneficios de la casta expone, por comparación, la inacción de la dirigencia bonaerense en la materia.
El mismo espíritu que guía la gestión de Milei
La decisión entrerriana se inscribe en la misma lógica que motorizó el gobierno de Javier Milei desde el primer día: terminar con los privilegios de una clase política que durante años vivió de espaldas a la realidad de los argentinos. El ajuste del gasto político, la eliminación de gastos superfluos del Estado y el combate a las jubilaciones de privilegio son parte de una agenda que hoy empieza a replicarse en las provincias.
No es casual que este tipo de reformas ganen terreno justo cuando la Nación logra ordenar las cuentas públicas, bajar la inflación de manera sostenida y mostrar superávit fiscal por primera vez en más de una década. El ejemplo de disciplina fiscal que viene dando la Casa Rosada empieza a filtrarse en los distritos, aunque con matices según el signo político de cada gobierno.
En ese contexto, la pregunta que queda flotando es por qué gobernadores como Kicillof, que administran presupuestos multimillonarios financiados en gran parte por la Nación, no dan pasos equivalentes. La Provincia de Buenos Aires sigue mostrando déficits crónicos, un sistema de seguridad que no logra contener la inseguridad en el conurbano y una administración que prioriza el gasto político antes que las reformas de fondo.
Entre Ríos, en cambio, elige otro camino: menos privilegios, más equidad entre los que gobiernan y los que son gobernados. Un gesto simbólico, pero también concreto, que marca una diferencia clara frente a la resistencia al cambio que todavía predomina en buena parte del peronismo bonaerense.
