El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) se prepara para un nuevo intento de desbloquear el celular de Fernando Sabag Montiel, el autor confeso del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, programado para el 13 de agosto. Este será el tercer intento de acceder a la información del dispositivo, tras fallos en los esfuerzos previos realizados por la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La situación ha generado una serie de controversias y acusaciones en un contexto de intensa presión mediática y demandas de transparencia.
La querella que representa a Fernández de Kirchner ha instado a la búsqueda de posibles “autores intelectuales” detrás del grupo conocido como “los copitos”, mientras que la fiscal Gabriela Baigun ha solicitado la intervención de expertos de la Gendarmería y de la Procuración General de la Nación para extraer los mensajes de Montiel. La controversia aumentó tras las críticas del ex ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, quien denunció que el contenido del celular fue borrado al día siguiente del atentado, mientras estaba en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti. Mena, quien recientemente ha sido retuiteado por la ex presidenta, sostiene que la información crucial fue ocultada intencionalmente.
Sin embargo, la versión de Mena ha sido objeto de críticas y omisiones. Se descubrió que el celular se bloqueó después de la intervención de un técnico de la Policía Federal y fue reiniciado a su estado de fábrica por peritos de la PSA. Además, Mena omite que estuvo presente en el despacho de la jueza Capuchetti cuando el perito Alejandro Heredia intentó abrir el dispositivo. La presencia de Mena en la escena recuerda a la de Sergio Berni en el caso del ex fiscal Alberto Nisman en 2015, generando especulaciones sobre posibles irregularidades. Mena también omite que la Policía Federal estaba bajo la supervisión del ministro de Seguridad Aníbal Fernández y que la PSA era dirigida por el actual diputado José Glinski y miembros de La Cámpora.
En cuanto a la manipulación del teléfono, se han presentado múltiples versiones. El celular, que fue secuestrado el 2 de septiembre de 2022, enfrentó una serie de problemas técnicos y contratiempos. El dispositivo, inicialmente apagado y bloqueado, mostró dificultades durante su análisis por parte de la PSA, que incluyeron errores de extracción y un eventual reinicio a estado de fábrica. El fiscal Ramiro González investigó la cadena de custodia y determinó que, aunque el teléfono fue reseteado, no se encontraron evidencias de responsabilidad directa de los peritos.
El caso ha sumado más conflictos entre jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, y a una semana de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral, se espera que se amplíe su denuncia, alegando la existencia de una conspiración política detrás del atentado. La controversia también involucra a la jueza María Servini, quien rechazó el pedido de archivo del fiscal González y citó a indagatoria a tres peritos antes de suspender la audiencia por razones desconocidas.
Mientras tanto, la investigación sobre el celular de Sabag Montiel sigue sumando capas de complejidad y desencuentros, con implicaciones que podrían influir en el curso del juicio y en la percepción pública del caso.
