Las empresas de servicios públicos de luz y gas que desde hace 35 años gestionan los activos de Segba y Gas del Estado comienzan a transitar un camino de “normalidad” en sus contratos con el Estado, algo que no ocurría desde 2019. Esto fue posible gracias a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) impulsada por el Gobierno en conjunto con el sector privado, que permitió regularizar los acuerdos y establecer aumentos tarifarios escalonados para recuperar el atraso acumulado en los últimos años. En total, el incremento se dividirá en 31 cuotas mensuales hasta noviembre de 2027, luego de que entre febrero y abril de 2024 ya se aplicaran ajustes para compensar la demora de 2019 a 2023.
En materia de gas natural, el Ejecutivo autorizó un aumento promedio del 15% en los márgenes de distribución o Valor Agregado de Distribución (VAD), con un impacto diferenciado según el tipo de usuario: “9% en los hogares y hasta un 30% en industrias, comercios y estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido (GNC)”, explicaron fuentes oficiales. Además, se estableció un mecanismo de actualización mensual de las tarifas tanto de transporte como de distribución de electricidad y gas, vinculadas a la inflación mayorista y minorista de meses previos, para mantener estables los ingresos de las compañías. Si bien esta actualización ya está confirmada para el sector eléctrico, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aún debe adaptar su normativa, pues la regulación actual contempla ajustes semestrales que no reflejan la dinámica inflacionaria actual. En junio, la suba de tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires rondará el 2,5% para la electricidad, mientras que el gas subirá entre 2,6% y 2,8% a nivel nacional.
Pese a estos incrementos periódicos, la morosidad se mantiene en niveles bajos, entre 3% y 4%, incluso “más bajos que en el gobierno de Macri”, señaló un directivo del sector a Clarín. Según la industria, esto refleja un “cambio cultural” entre los usuarios que comenzaron a entender la necesidad de pagar el servicio, favorecido por la digitalización y facilidades de pago que ya no requieren la concurrencia a sucursales. En paralelo, las empresas se comprometieron a realizar inversiones significativas para mejorar la calidad del servicio y la confiabilidad de las redes. Edenor y Edesur, las principales distribuidoras eléctricas, anunciaron un plan de inversión conjunto superior a 2.000 millones de dólares, mientras que las distribuidoras de gas proyectan desembolsos por más de 850 millones de dólares hasta 2030.
Un tema clave que mantiene en agenda al sector gasífero es la renovación de las licencias de concesión, que vencen en diciembre de 2027. La Ley 24.076 estableció un plazo inicial de 35 años para las concesionarias, con posibilidad de prórroga por 10 años, y la Ley Bases extendió esa opción a un total de 20 años adicionales, hasta fines de 2047. Todas las empresas involucradas, entre ellas Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana, buscan renovar sus contratos; estas últimas ya participaron de una audiencia pública el mes pasado. La renovación es clave para YPF, principal accionista de Metrogas con el 70% del paquete, y una de las condiciones para concretar la venta de su participación, junto con la normalización de las tarifas y contratos. Con la concesión renovada, las firmas esperan volver a ser “sujetos de crédito”, lo que les permitirá acceder a financiamiento bancario o en los mercados a tasas razonables, requisito indispensable para sostener y modernizar la infraestructura de servicios públicos.
