El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires desestimó este miércoles el recurso presentado por los apoderados del espacio político “Volvamos Buenos Aires”, liderado por Horacio Rodríguez Larreta. La resolución, que no modificará la disposición 29° del Instituto de Gestión Electoral (IGE), establece que la visualización de las agrupaciones en las boletas electrónicas para las elecciones porteñas del 18 de mayo se realice de forma aleatoria. Con este fallo, se reafirma el sistema de boleta única electrónica (BUE), que genera controversias en ciertos sectores políticos.
El conflicto surgió cuando los representantes del espacio larretista, encabezados por Claudio Romero y Diego García Vilas, argumentaron que la medida contradecía lo dispuesto en los artículos 115° y 116°, inciso 5, del Código Electoral de la Ciudad. Durante una audiencia en la que se definieron detalles sobre las boletas, la agrupación observó que el orden previamente establecido en el sorteo del 7 de abril para la visualización en las pantallas electrónicas no se respetaba. En ese sorteo, Rodríguez Larreta había quedado en primer lugar. A raíz de esto, presentaron su objeción, alegando que la decisión del IGE de establecer un orden aleatorio violaba las normas legales vigentes.
El Tribunal Electoral, tras evaluar el recurso, concluyó que “no se evidencia de manera explícita ni implícita cuál es el agravio, gravamen o afectación que genera en los derechos de la mentada alianza el eventual incumplimiento de las normas referidas a la visualización de la pantalla de la boleta única electrónica”. El fallo subraya que los apoderados de la agrupación no lograron demostrar que la presentación aleatoria afectara sus derechos o intereses de manera significativa. Además, se remarcó que el planteo carecía de sustancia concreta para ser admitido, ya que se basaba en un cuestionamiento abstracto del sistema de votación.
Este fallo refuerza el uso del sistema de Boleta Única Electrónica, que lleva casi una década de implementación en las elecciones porteñas desde su primera aparición en 2015. El sistema continuará a cargo de la empresa Grupo MSA, que cerró un contrato por casi US$ 22 millones para este proceso electoral.
