El 20 de agosto, un documento del Supremo Tribunal Federal de Brasil ingresó a los tribunales de Comodoro Py, en el que se notificó la decisión del juez José Antonio Dias Toffoli de declarar la “inservibilidad” de pruebas utilizadas en los expedientes argentinos que investigan al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. Estas pruebas, basadas en investigaciones judiciales brasileñas, habían sido clave para sostener acusaciones de corrupción vinculadas a la constructora Odebrecht. En total, Rodríguez está involucrado en tres causas relacionadas con supuestas maniobras ilícitas de la firma brasileña.
Odebrecht, una de las principales empresas de construcción de Brasil, firmó en Estados Unidos un acuerdo de “delación premiada” en el cual confesó haber pagado coimas para asegurar contratos públicos en varios países, incluyendo Argentina. Según Marcelo Odebrecht, ex director de la compañía, entre 2007 y 2014 se transfirieron más de 35 millones de dólares a intermediarios en Argentina, quienes, a su vez, sobornaron a funcionarios. Estos pagos se asociaron a tres grandes proyectos de infraestructura, en los cuales Odebrecht obtuvo beneficios por 278 millones de dólares. Sin embargo, la validez de las pruebas obtenidas mediante este acuerdo ha sido puesta en duda en Brasil.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió dos resoluciones judiciales, las cuales fueron mencionadas en el exhorto judicial que llegó a Comodoro Py. Estas resoluciones, números 43.007 y 61.387, “declararon la inutilidad” de las pruebas obtenidas a través de los sistemas informáticos Drousys y MyWebDay. Estos sistemas fueron utilizados por Odebrecht para registrar y organizar los pagos ilícitos. En este contexto, Jorge Rodríguez solicitó a la justicia brasileña que la decisión de anular las pruebas fuera remitida a la justicia argentina, argumentando que las acusaciones en su contra están basadas en “elementos indicativos y probatorios considerados inútiles”. Según la defensa de Rodríguez, las pruebas se habrían obtenido de manera irregular y carecían de la debida cadena de custodia.
En su fallo, el juez Toffoli respaldó el reclamo de Rodríguez y sentenció: “puedo observar que la parte solicitante responde a la acción penal que utiliza pruebas consideradas inútiles por esta Corte Suprema en las sentencias dictadas en Rcl 61.387 y Rcl 43.007”. El magistrado destacó que la invalidez de las pruebas se basa en una grave violación de la cadena de custodia de los sistemas Drousys y MyWebDay, utilizados para registrar las coimas pagadas por Odebrecht. Además, ordenó que se notificara al Ministerio de Justicia argentino sobre la inservibilidad de las pruebas, indicando que no se deben utilizar para sustentar las acusaciones en el país.
Finalmente, el exhorto judicial está siendo analizado por el Ministerio Público Fiscal de Argentina, bajo la fiscal Fabiana León y con la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por Sergio Rodríguez. Fuentes judiciales confirmaron que el documento sólo afecta la situación de Jorge Rodríguez y que será el Tribunal el que determine el valor probatorio de los elementos.
