El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que se pronunció en contra del artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Formosa, que habilita la reelección indefinida del gobernador, Gildo Insfrán. A través de un extenso análisis de 32 páginas, Casal señaló que las provincias deben respetar “la limitación del poder” y advirtió que las “múltiples reelecciones sucesivas ─potencialmente indefinidas─ conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho”. Según el Procurador, la perpetuación en el poder “erosiona el principio de separación de poderes”, un pilar fundamental en el sistema democrático argentino.
Este dictamen surge en el marco de una serie de recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia, que incluyen un amparo impulsado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, así como demandas presentadas por el senador Francisco Paoltroni y el diputado opositor Fernando Carbajal. Los amparistas argumentan que el artículo 132 de la Constitución provincial viola tanto el artículo 5 de la Constitución Nacional como el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al permitir la reelección indefinida del gobernador. “Violenta el orden constitucional”, argumentan los solicitantes, quienes piden la intervención de la Corte para declarar la inconstitucionalidad de la norma.
En su dictamen, Casal explicó que el artículo 132, al permitir la reelección indefinida, se aparta de la “necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades”, lo que lo convierte en una violación a los principios establecidos por la Constitución Nacional. Además, el Procurador respondió a uno de los argumentos del gobierno de Formosa, que sostenía que el reclamo carecía de vigencia debido a la no proximidad de un año electoral. Casal rechazó este planteo y subrayó que, mientras el artículo 132 siga vigente, el reclamo mantiene plena validez. También refutó la argumentación del gobierno provincial sobre la reforma constitucional que se encuentra en proceso, asegurando que es meramente “hipotético” suponer que la futura convención modificará el artículo en cuestión.
Casal recordó que la Corte Suprema ya ha abordado casos similares en el pasado, subrayando que el sistema republicano consagrado por la Constitución requiere “periodicidad” y “alternancia” en los mandatos para garantizar la integridad del sistema democrático. Según el Procurador, la falta de alternancia en el poder pone en peligro la separación de poderes y socava las bases de un sistema político abierto, en el cual los ciudadanos deben poder competir en igualdad de condiciones por el acceso a los cargos públicos.
