A través del Decreto 341/2025, el Gobierno nacional resolvió que las negociaciones con los gremios docentes de representación nacional sobre condiciones laborales, salario mínimo, carrera docente y calendario educativo pasarán a ser competencia exclusiva del Consejo Federal de Educación (CFE). La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Con esta decisión, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, queda excluida del proceso de negociación, aunque mantendrá un rol de revisión presupuestaria. Según se indica en el decreto, este organismo “solo intervendrá para refrendar el convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.
El Poder Ejecutivo justificó el cambio señalando que, dado el rol del Consejo Federal de Educación en la organización y gestión del sistema educativo, “deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, en dicha negociación”. Además, se remarcó que, “a partir de la transferencia de los servicios educativos a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son dichas jurisdicciones las que resultan empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos, por lo que corresponde que sean estas las que participen de las negociaciones, a través del Consejo Federal de Educación”.
De todos modos, el Gobierno aclaró que la Secretaría de Educación conservará la responsabilidad de analizar la viabilidad financiera de las propuestas que surjan en el marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075, en concordancia con el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. En ese sentido, tendrá la facultad de aprobar o solicitar ajustes según la disponibilidad presupuestaria.
El decreto se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo de “reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública”, con el objetivo de eliminar estructuras que considera redundantes. “Se prioriza la eliminación de funciones redundantes o de escaso impacto en el interés general, asegurando así un uso más eficiente de los recursos”, concluye el texto oficial.
