El Poder Ejecutivo restituyó este miércoles la vigencia de varias disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por Javier Milei, aprovechando las facultades delegadas por el Congreso a través de la Ley Bases. Aquella ley fue rechazada por el Parlamento a mediados de agosto, en lo que se convirtió en una de las derrotas más contundentes que el oficialismo ha sufrido en la arena legislativa. Con esta medida, el Ejecutivo busca evitar un vacío legal y restablecer la normativa anterior que había sido modificada por los DNU 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25.
El decreto 628/2025, publicado en el Boletín Oficial, restituye las disposiciones afectadas por el DNU 340/2025, que introducía reformas en la Marina Mercante Nacional. Entre los cambios más polémicos estaba la aprobación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante, que modificaba los permisos que debían solicitar los armadores de buques y flexibilizaba el servicio de cabotaje para barcos de bandera extranjera. Además, se declaraba esencial la navegación marítima y fluvial destinada al transporte comercial de personas y mercaderías, garantizando que, ante conflictos colectivos, se mantuviera al menos un 75% de la prestación del servicio. La Justicia había declarado inválidos los artículos 2 y 3 de ese decreto. “El objetivo es impulsar la competitividad y el desarrollo, pero sin dejar un vacío legal que afecte a sectores estratégicos”, indicaron fuentes oficiales.
En paralelo, el decreto 627/2025 restituyó la plena vigencia de los decretos 461/25, 462/25, 345/25 y 351/25. Entre ellos, el 461/25 había dispuesto la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Por su parte, el 462/25 transformaba al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en unidades dependientes de los ministerios de Agricultura e Industria y Comercio, manteniendo sus nombres pero modificando sus funciones.
El DNU 345/25 ordenaba la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, mientras que el 351/25 había transformado el Banco Nacional de Datos Genéticos de un organismo descentralizado a un organismo desconcentrado, bajo la dependencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.
El rechazo del Congreso a los DNU no reactiva automáticamente las normas anteriores, por lo que el Ejecutivo decidió restablecerlas formalmente para evitar vacíos normativos. Este jueves, se espera que el Senado también rechace el veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad, sumando otra derrota para el oficialismo que acumula ya 15 revéses consecutivos en el Parlamento y que no logra recuperar el control de la agenda legislativa.
