A dos días de la manifestación universitaria convocada en rechazo al posible veto presidencial a la Ley de Financiamiento, el Gobierno emitió un contundente comunicado a través del Ministerio de Capital Humano. En el documento, titulado “Estamos a favor de la educación universitaria”, se argumenta que las recientes protestas tienen un trasfondo político y no están relacionadas con problemas reales del sistema educativo. “La marcha es política”, afirmaron desde la cartera liderada por Sandra Pettovello, encargada de las políticas de educación, subrayando que el conflicto responde a “intereses políticos más que a las necesidades del sistema educativo”.
El comunicado, de cuatro carillas, sostiene que los reclamos de los sectores universitarios ya fueron resueltos. “El Gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada”, se lee en el texto. Además, remarcan que la mayoría del personal universitario percibe salarios muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT), y que los sueldos más bajos corresponden a los docentes con dedicación simple, quienes dictan clase solo una vez por semana. “No existe pobreza entre estos sectores”, apuntaron.
Sin mencionar directamente la posibilidad de veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el texto hace referencia a los reclamos salariales y administrativos dentro del sistema universitario. Pettovello destacó que su cartera asignó más de 192 mil millones de pesos para gastos operativos, con un incremento del 270%, y que se otorgaron aumentos salariales por encima de las pautas establecidas por el Estado nacional. Asimismo, se adelantó que la nueva propuesta que se presentará a los gremios alinea las remuneraciones universitarias con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
En otro apartado del comunicado, el Ministerio de Capital Humano arremetió contra la administración de las universidades, cuestionando la falta de auditorías en el manejo de los fondos públicos. “Las universidades recibieron 192 mil millones de pesos, pero han desviado esos recursos hacia gastos no prioritarios”, señalaron, agregando que “especialmente la UBA no ha rendido cuentas de manera adecuada”. El documento también incluyó críticas a la cantidad de estudiantes extranjeros en el sistema público y a las disparidades sociales dentro de las universidades, argumentando que una proporción significativa de los estudiantes proviene de familias de clase alta.
El Gobierno concluyó su posicionamiento rechazando que las manifestaciones respondan a una verdadera necesidad de financiamiento. “La marcha es política y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes”, insistieron desde Capital Humano. Mientras tanto, la comunidad universitaria se prepara para la segunda movilización masiva, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sector educativo.
