El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este lunes la reglamentación del nuevo proceso de adjudicación de obra pública. La medida, oficializada a través de la Disposición 24/25 de la Oficina Nacional de Contrataciones publicada en el Boletín Oficial, busca cambiar de raíz el sistema de licitaciones y permitir el ingreso de nuevos actores al sector. “Ambas cosas terminan de caer hoy. Por un lado se derrumban las barreras de entrada a nuevos jugadores”, señaló el funcionario.
Sturzenegger remarcó que esta reglamentación completa el camino iniciado con el Decreto Delegado 105/25, que eliminó el Registro de Constructores, considerado por el Gobierno como una herramienta de cartelización. “Durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley”, aseguró, y agregó que este “perverso sistema” limitaba la capacidad constructiva de cada oferente, asegurando un reparto entre los actores y restringiendo el ingreso al “club”. Según explicó, a partir de ahora podrán competir empresas que antes estaban excluidas, como las que realizan obras en el exterior o en el ámbito privado. Incluso aquellas que no tengan obras previas podrán participar si demuestran respaldo patrimonial o garantías.
La medida elimina el criterio de “capacidad constructiva”, reemplazándolo por el de “capacidad patrimonial”. Desde el Gobierno explicaron que el sistema anterior armaba las licitaciones de modo que sólo podían participar compañías con la espalda suficiente para ejecutar grandes volúmenes de obra, dejando afuera a las más pequeñas. “Desde ahora ya no importa la capacidad constructiva, lo que importa es la ‘capacidad patrimonial’: que la empresa demuestre que tiene recursos para hacer las obras y no las deje por la mitad”, indicaron fuentes oficiales. Sturzenegger celebró la medida con una alusión al caso de los cuadernos de Centeno: “¡Centeno nunca más!”
El Gobierno nacional dejó en claro que no retomará la ejecución de obra pública: las rutas nacionales serán transferidas a las provincias y se busca hacer lo mismo con los aeropuertos. “Obra pública no va a haber. Les vamos a transferir las rutas nacionales a las provincias, los gobernadores tendrán que hacerse cargo”, dijo un alto funcionario. Actualmente, la Nación administra 40.000 kilómetros de rutas, de los cuales 10.000 son troncales. “Vamos aceleradamente a transferir las rutas nacionales, que no nos vengan con la cháchara de que hoy las rutas están mal por culpa nuestra”, añadieron.
En este contexto de transformación, el Gobierno también proyecta nuevas reformas, como una “revolución de los seguros” que permita, por ejemplo, contratar seguros agrícolas desde el exterior. Además, se trabaja en una desregulación de las habilitaciones comerciales, en línea con lo que ya implementó el municipio bonaerense de Tres de Febrero. Sturzenegger, que cuenta con facultades delegadas hasta el 8 de julio, anunció que no buscará su renovación, pero que continuará impulsando cambios mediante decretos puntuales. “El presidente @JMilei nos ha pedido una lucha sin cuartel contra la casta. ¡Al infinito y más allá! VLLC!”, publicó en su cuenta de X.
