El Gobierno argentino ha convocado a los gremios estatales para una reunión crucial que se llevará a cabo este jueves al mediodía, en la sede del Ministerio de Trabajo, en la avenida Callao. El objetivo de este encuentro es reabrir las paritarias del sector y establecer los aumentos salariales correspondientes a los últimos dos meses de 2024. Esta reunión se produce en un contexto de tensión, ya que se da un día después del paro de transporte y podría coincidir con la amenaza de movilización de los colectiveros de Roberto Fernández. Los delegados de los sindicatos UPCN y ATE estarán presentes, junto con funcionarios de las carteras de Trabajo, Economía y Transformación y Desregulación del Estado.
En este escenario, el Ejecutivo continúa con su plan de achique de las estructuras del Estado y está ultimando detalles para implementar las pruebas de “idoneidad” para los trabajadores estatales. La reestructuración del Estado, liderada por Federico Sturzenegger, incluye nuevas normativas para el manejo de los recursos humanos. Sin embargo, el contexto salarial se ha vuelto delicado. El último ajuste paritario, que se realizó en septiembre y octubre, fue un alza salarial del 2% y 1%, cifras que han decepcionado a los líderes sindicales, quienes enfrentan el descontento de sus bases debido a la pérdida del poder adquisitivo a lo largo del año.
Según fuentes cercanas a la negociación, se prevé que en el encuentro de este jueves se discuta un aumento del 2% para noviembre y un 1% para diciembre, además de un bono navideño de $30,000. A pesar de la significativa disminución de la inflación en el segundo semestre, que ha registrado un aumento acumulado del 9,82% para los trabajadores estatales desde junio, los ingresos de los empleados públicos continúan sufriendo un impacto negativo desde el inicio del mandato de Javier Milei. En la Casa Rosada, aunque no se han comprometido a porcentajes específicos, reconocen que el objetivo de la reunión es lograr un acuerdo para mejorar las condiciones salariales en los últimos meses del año.
El clima de incertidumbre persiste, ya que la reestructuración del Estado continúa siendo una prioridad para el Gobierno. En diciembre, comenzarán las pruebas de idoneidad para los empleados estatales y se espera que “cientos de contratos” lleguen a su fin en el mismo mes. A pesar de que el oficialismo ha afirmado que gran parte de la “poda” de contratos ya se había realizado, se han reportado nuevas cesantías en diversas reparticiones públicas en las últimas semanas. Además, se está preparando un debate en la Cámara de Diputados sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, lo que podría generar más tensiones en el sector.
En respuesta a las políticas de ajuste del Gobierno, el sindicato ATE, bajo la conducción de Rodolfo Aguiar, ha iniciado un paro de 36 horas en rechazo a la reducción de la plantilla estatal. El líder de UPCN, Andrés Rodríguez, también ha expresado su descontento con los recortes, pero ha mantenido el diálogo con la Casa Rosada, participando en reuniones con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, donde se acordó la creación de una mesa tripartita para abordar cuestiones laborales, como el cambio en la Ley de Bases que penaliza los bloqueos sindicales. Con este panorama, la reestructuración del Estado parece estar abriendo un nuevo capítulo de conflictos laborales en el país.
