El Gobierno argentino ha anunciado su compromiso de impulsar y presentar ante el Congreso una reforma integral del sistema tributario durante el transcurso de 2024. El objetivo de esta reforma es simplificar el sistema, ampliar la base de contribuyentes registrados y reducir la presión fiscal a corto plazo. La iniciativa se implementaría en fases a partir de 2025, con el fin de lograr un equilibrio financiero más sostenible y mejorar la competitividad de las empresas. En un discurso reciente, el presidente destacó los avances obtenidos durante su primer mandato, subrayando la necesidad de una reforma tributaria que busque reducir la cantidad de impuestos vigentes, muchos de los cuales datan de fines de la década de 1980.
El sistema tributario argentino, que actualmente cuenta con más de 150 impuestos, enfrenta críticas por su complejidad y su impacto negativo sobre la competitividad. Un estudio de IARAF revela que solo 12 de estos tributos concentran el 95% de la recaudación, lo que pone de manifiesto la ineficiencia de muchos otros impuestos. En este contexto, la reforma propuesta busca eliminar los gravámenes de baja recaudación y simplificar la estructura tributaria, que no ha experimentado cambios significativos desde su creación en 1990. Esta simplificación estaría orientada no solo a reducir la carga impositiva, sino también a disminuir los costos administrativos y a ampliar la base de contribuyentes registrados, con el objetivo de combatir la informalidad en la economía.
Entre las propuestas más disruptivas de la reforma se destaca la posible transferencia de competencias tributarias a las provincias, que podrían asumir la responsabilidad de cobrar el Impuesto a las Ganancias. Esto implicaría la eliminación del régimen de coparticipación federal, lo que podría generar una competencia fiscal entre las provincias para atraer inversiones y nuevos contribuyentes. Este enfoque también implicaría que las Administraciones Tributarias Provinciales deban optimizar sus estrategias para gestionar sus finanzas y crear un régimen atractivo para los inversores. La posibilidad de que cada provincia gestione su propio sistema impositivo recuerda a los modelos utilizados en países como Estados Unidos, donde los estados compiten por atraer a empresas y contribuyentes.
Si bien la reforma tributaria se presenta como una solución necesaria, también enfrenta desafíos importantes. Entre ellos, la eliminación de impuestos distorsivos, como el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB) y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), requiere un análisis profundo de sus efectos en la economía. En cuanto a los Derechos de Exportación, el Gobierno contempla su mantenimiento durante 2025 para asegurar los ingresos fiscales, con la posibilidad de una reducción gradual una vez alcanzado el equilibrio fiscal. Además, la necesidad de reemplazar impuestos obsoletos, como el ISIB, con un sistema más eficiente, plantea un desafío adicional. A pesar de estos obstáculos, las perspectivas para 2025 son optimistas, aunque dependerán de un amplio consenso legislativo y la colaboración de todos los actores económicos del país.
