El Gobierno oficializó este martes la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica —conocida como Ley Garrahan— y de la Ley de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas por el Congreso tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, a pesar de su publicación en el Boletín Oficial mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, la implementación de las dos normas quedó suspendida, ya que el Ejecutivo volvió a exigir que sea el Parlamento quien determine con precisión el origen de los fondos necesarios. La postura replica el argumento planteado semanas atrás en relación con la emergencia en discapacidad, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”.
El Senado había rechazado de forma contundente los vetos presidenciales el pasado 2 de octubre, dando luz verde a la entrada en vigencia de las leyes 27.795 y 27.796. No obstante, el Gobierno insiste en que no puede habilitar partidas para su ejecución sin una definición presupuestaria del Congreso. En los considerandos de ambos decretos, el Ejecutivo remarca que será el Presupuesto 2026 el instrumento adecuado para incorporar los fondos adicionales que demandan la universidad pública y el sistema de salud pediátrica. De acuerdo con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la administración del gasto público, ninguna política puede ejecutarse sin previsión de recursos específicos, un punto que la Procuración del Tesoro resaltó al advertir que aplicar las normas sin financiamiento generado podría implicar “responsabilidad funcional”.
En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, la normativa establece la recomposición salarial del personal docente y no docente, la actualización por IPC, el fortalecimiento de programas de becas y el incremento de recursos para investigación, tecnología y extensión. Según estimaciones oficiales, su costo ascendería a $1,07 billones en 2025 y superaría los $2 billones en 2026. El Gobierno subraya que, sin partidas asignadas, no puede garantizar el sostenimiento de las universidades públicas ni completar la recomposición salarial que la ley dispone. La suspensión, remarca el decreto, no implica objeciones a los objetivos de la norma, sino la necesidad de respetar los límites legales del gasto público.
La Ley de Emergencia Pediátrica —Ley 27.796— declara por un año la emergencia sanitaria infantil y el fortalecimiento de las residencias médicas, así como la recomposición salarial del personal de salud y beneficios fiscales para áreas críticas. También ratifica al Hospital Garrahan como centro nacional de referencia en alta complejidad. El costo estimado asciende a $196.270 millones, que la ley propone cubrir mediante reasignaciones internas del Ministerio de Salud y fondos ya identificados para contingencias sanitarias. Sin embargo, el decreto advierte que tales fuentes “no constituyen un financiamiento concreto ni suficiente”, dado que la cartera sanitaria presenta un déficit de $102.400 millones y utilizar esos fondos podría desfinanciar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a poblaciones vulnerables o las políticas de prevención de VIH y ETS.
Además, el Ejecutivo cuestiona que la norma incluya la derogación de la Resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, interpretándolo como un intento del Congreso de intervenir en competencias propias del Poder Ejecutivo, lo que consideró una posible violación de la división de poderes. Por estos motivos, y nuevamente invocando el artículo 5° de la Ley 24.629, el Gobierno sostiene que la entrada en vigencia de la ley quedará suspendida hasta que el Congreso determine de manera concreta las fuentes de financiamiento y las incorpore al Presupuesto Nacional. Según el Ejecutivo, sin esa etapa previa, la implementación sería inviable y comprometería áreas críticas del funcionamiento estatal.
