El Gobierno nacional decretó este martes el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país. A través del Decreto 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que quedaba sin efecto la suspensión de sentencias, actos procesales o administrativos que tuvieran como objetivo el desalojo o desocupación de estas tierras. La normativa, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, entrará en vigor el miércoles 11 de diciembre de 2024 y derogará el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/21, que había prorrogado la Ley 26.160 sancionada en 2006, la cual declaró la emergencia territorial indígena.
El Gobierno fundamentó su decisión señalando que la prórroga de la emergencia había generado “inseguridad jurídica” y una “grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños” de las tierras, además de contradecir el artículo 17 de la Constitución Nacional. Este artículo garantiza el derecho a la propiedad privada, así como el derecho de las provincias sobre los recursos naturales, según el artículo 124 de la Carta Magna. Asimismo, se criticó la “prórroga excesiva” de la medida, que había permitido “una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía” y afectaron la soberanía del Estado.
El Ejecutivo también destacó que, lejos de mejorar, la situación empeoró debido al incremento en las inscripciones de comunidades indígenas en los registros correspondientes. Según el Gobierno, muchas de estas comunidades no cumplían con los requisitos mínimos para ser reconocidas como tales. Además, señalaron que las comunidades se fragmentaron, lo que hizo “inoficioso” el objetivo original de la emergencia, y que se registró un “uso abusivo, subjetivo y discrecional” de la norma. Esta situación permitió que el número de comunidades indígenas reconocidas se incrementara hasta alcanzar 1.626. Por otro lado, el Ejecutivo subrayó que las prórrogas de la ley inicial y sus efectos derivaron en un aumento de los conflictos por tomas y usurpaciones de tierras, a menudo acompañados de violencia, lo que ha “vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”.
El decreto también hizo referencia a la proliferación de hechos judicializados, que, según el Gobierno, afectan no solo los derechos de los ciudadanos legitimados sobre la propiedad de la tierra, sino también el desarrollo de obras de infraestructura y la libre circulación. En relación con los desalojos, se remarcó que la suspensión de estos procesos “no solo afecta el derecho de propiedad, sino también, en muchos casos, mantiene a los legítimos propietarios en condiciones precarias, al haber sido desplazados de sus viviendas”. Ante este panorama, el Gobierno afirmó que la respuesta era “la derogación de toda norma que impida a los legítimos propietarios el ejercicio pleno de su derecho de dominio”. Según el Ejecutivo, la continuidad de la emergencia consolidaría “la discriminación entre ciudadanos argentinos” y “provocaría un grave daño al sistema republicano de gobierno”.
