El Gobierno nacional envió al Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca incentivar el uso e inversión de dólares no declarados sin penalizaciones fiscales. La iniciativa, denominada “Proyecto de Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, propone un nuevo marco legal que invierte la carga de la prueba: en lugar de que el ciudadano tenga que justificar el origen de su dinero, será el Estado quien deba demostrar alguna irregularidad. La medida apunta a generar mayor actividad económica sin recurrir a los tradicionales blanqueos impositivos.
Entre los puntos centrales del proyecto, se destacan la reforma del Régimen Penal Tributario —con la actualización de montos para configurar delitos, la eliminación de denuncias automáticas y la posibilidad de cerrar causas penales mediante el pago de la deuda y un recargo, sin límite de veces—; un aumento en las multas aplicadas por la AFIP (rebautizada como ARCA); una reducción de los plazos de prescripción a tres años para contribuyentes cumplidores, y un nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Este último es clave para permitir que las personas puedan gastar sus ahorros no declarados sin que el fisco cuestione su origen.
El nuevo esquema de Ganancias permitiría declarar ingresos de forma simple, solo informando facturación y gastos, sin necesidad de detallar patrimonio ni consumos. Si ARCA no objeta la presentación, el contribuyente obtiene un “tapón fiscal”, es decir, queda regularizado su pasado no prescripto. De este modo, alguien que adhiera al régimen en 2025 y declare correctamente sus ingresos, podrá usar dólares “guardados” para comprar un auto, una propiedad o invertir, sin que se presuma evasión.
Sin embargo, el beneficio no alcanza a los monotributistas, quienes quedan excluidos del nuevo régimen simplificado. Para acceder a estas ventajas, deberían abandonar el Monotributo, inscribirse en el régimen general y luego optar por el nuevo sistema de Ganancias. Esto implica mayor carga tributaria y obligaciones burocráticas, ya que deberían pagar Ganancias, IVA y aportes como Autónomos. Si no lo hacen y utilizan sus dólares no declarados, ARCA podría excluirlos de oficio por gastos incompatibles con sus ingresos, obligándolos a pagar retroactivamente impuestos del régimen general.
Desde el Gobierno aseguran que la exclusión de los monotributistas no es un descuido, sino una decisión deliberada: “Se busca que quienes tienen capacidad económica pasen al régimen general”. No obstante, esta postura contradice el objetivo de simplificación tributaria que también pregona el oficialismo. Una salida posible sería que el Congreso introduzca una excepción en la ley, permitiendo que los monotributistas puedan usar sus ahorros sin necesidad de abandonar su régimen actual ni quedar expuestos a sanciones.
El debate legislativo abrirá una discusión clave sobre el equilibrio entre incentivos fiscales, equidad tributaria y la necesidad del Estado de formalizar recursos sin desalentar a los pequeños contribuyentes.
