El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció su intención de declarar “imprescriptibles” los delitos sexuales, tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a un sacerdote condenado por abuso infantil. La medida, que apunta a evitar que estos delitos queden sin castigo por prescripción, fue confirmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo a través de sus redes sociales que “los delitos sexuales NO deberían prescribir”.
El caso que generó esta reacción es el de Justo José Ilarraz, un cura que fue condenado a 25 años de prisión por abusar de menores en Paraná, y que a pesar de haber sido expulsado de la Iglesia por el Papa Francisco, recibió la absolución por parte del Máximo Tribunal. Ilarraz fue declarado culpable en 2018 por abusos cometidos entre 1988 y 1992 contra siete chicos, cuando era prefecto de disciplina y guía espiritual en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que los delitos habían prescripto siete años antes de que se formalizara la primera denuncia en 2012, dejando sin efecto la condena.
La controversia radica en que el fallo judicial aplicó el concepto de prescripción, un plazo límite para iniciar procesos penales, a pesar de la gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido. Esto motivó al Ejecutivo a plantear un cambio legislativo para evitar “este tipo de injusticias”. En ese sentido, el ministro Cúneo Libarona adelantó que el nuevo Código Penal, que será enviado próximamente al Congreso, incluirá una propuesta para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. “Para evitar este tipo de injusticias, en el nuevo Código Penal que enviaremos al Congreso, propondremos la imprescriptibilidad de los delitos sexuales”, afirmó el funcionario.
La iniciativa busca garantizar que los abusos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores, puedan ser perseguidos judicialmente sin importar el tiempo que haya pasado desde la comisión del delito. Esta postura responde a la preocupación social y política por la impunidad en casos de violencia sexual, en particular aquellos que implican a integrantes de instituciones religiosas u otros entornos de poder.
Con esta medida, el Gobierno pretende enviar un mensaje contundente en defensa de las víctimas y fortalecer el sistema judicial para que casos como el de Ilarraz no queden sin sanción por razones procesales. La propuesta será un punto clave en la agenda legislativa en los próximos meses, y generará un debate profundo sobre los límites de la prescripción y la justicia en delitos de naturaleza sexual.
