En un intento por reducir la burocracia y modernizar el sistema de fiscalización, el Gobierno anunció este jueves una serie de cambios en los montos y regímenes de información que deben reportar las entidades financieras, comercios y billeteras virtuales a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP). El anuncio fue encabezado por el titular del organismo, Juan Pazo, quien brindó detalles de las nuevas medidas acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Las modificaciones, que comenzarán a regir a partir del 1 de junio, elevan de manera significativa los mínimos mensuales a partir de los cuales se deben informar operaciones a ARCA. “Lo que antes era $1 millón de pesos, ahora será de $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas”, explicó Pazo respecto a las transferencias y acreditaciones bancarias. Las extracciones por cajero automático, que antes eran informadas desde cualquier monto, ahora sólo deberán reportarse si superan los $10 millones. “El objetivo es simplificarle la vida a la gente”, subrayó el funcionario.
Otros montos también se vieron elevados de forma drástica. Por ejemplo, los saldos bancarios al cierre del mes pasarán de un piso de $700 mil o $1 millón a $50 millones para personas físicas. En el caso de los plazos fijos, el nuevo umbral es de $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas. Para operaciones con billeteras virtuales, el nuevo umbral informativo será de $50 millones. Lo mismo ocurre con las tenencias en Alycs o sociedades de bolsa, donde sólo se informarán montos superiores a $100 millones en personas físicas. Las compras de consumidores finales, que antes se reportaban a partir de $250 mil en efectivo, solo serán informadas si superan los $10 millones.
Además de estas actualizaciones, Pazo anunció la derogación de varios regímenes de información considerados obsoletos o excesivos. Entre ellos, se dejará de exigir el reporte de consumos con tarjeta de crédito o débito para gastos personales, al igual que las compras en billeteras virtuales. Tampoco los escribanos deberán continuar con el CITI Escribanos, ni se informará más la compra-venta de vehículos usados. Otras eliminaciones incluyen el fin del reporte de pagos de expensas, el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) y los consumos relevantes de servicios públicos.
Con estas medidas, el Gobierno busca dar señales de desregulación y alivio administrativo, en un contexto donde también promueve el uso de los “dólares del colchón”. Según las autoridades, se trata de una adecuación a los estándares internacionales y una forma de respetar la privacidad de los consumos individuales.
