La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó este jueves la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros, desactivando así el paro de colectivos que el gremio había anunciado para el viernes 28 de marzo. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano y tiene una vigencia de 15 días, durante los cuales las partes no podrán adoptar medidas de fuerza ni represalias.
La resolución gubernamental responde a un pedido conjunto de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA). “El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, estableció un plazo de 15 días de conciliación obligatoria, durante el cual tanto las cámaras como el gremio están inhibidos de tomar cualquier represalia o medida de fuerza”, indicó el comunicado oficial. Y agregó: “La conciliación, dispuesta conforme a la normativa vigente, tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes”.
La UTA acató la disposición aunque dejó en claro su postura. “El gobierno dictó la conciliación obligatoria para la medida de fuerza dispuesta para mañana. Seguiremos luchando por nuestros derechos, a través de las vías que corresponden”, expresó el sindicato en un breve comunicado emitido este jueves por la noche. La medida de fuerza había sido anunciada el miércoles, luego de que fracasaran las negociaciones salariales con las cámaras empresarias. “Informamos que en atención a la negativa empresaria a realizar algún ofrecimiento de incremento salarial, se ha dispuesto un paro de actividades de 24 horas para el día viernes 28 de marzo del corriente, a partir de las 0.00 hs”, había informado el gremio.
El reclamo central de la UTA es una recomposición salarial que eleve el sueldo básico de los choferes de $1.200.000 a $1.300.000. Desde las cámaras empresarias aseguran que no están en condiciones de afrontar ese aumento. “Por eso no hemos ofrecido nada, a menos que se revisen los cálculos, y después se tiene que tomar una decisión entre las tres jurisdicciones que intervienen: Nación, Ciudad y Provincia, para ver de qué manera se financia”, explicó Luciano Fusaro, presidente de AAETA. El dirigente también apuntó que el precio del boleto debería rondar los $1.600, en línea con los valores del interior del país.
Las partes volverán a reunirse el próximo jueves 3 de abril, según la nueva convocatoria de la Secretaría de Trabajo. Esa instancia podría resultar clave en el marco de la conflictividad gremial creciente, especialmente de cara al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril. El Gobierno considera prioritario evitar que el transporte público se sume a esa medida.
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