En la antesala de una semana clave que culminará con las elecciones en la provincia de Buenos Aires y en medio de una fuerte tensión económica marcada por la suba del dólar, el Gobierno nacional intentó recuperar la iniciativa tras la dura derrota en Corrientes. La Casa Rosada calificó como “predecible” el resultado electoral del domingo, que dejó al oficialismo en cuarto lugar, pero concentró sus esfuerzos en la judicialización de un nuevo escándalo: la filtración de audios de Karina Milei y de Diego Spagnuolo. Según denunció el Ejecutivo, se trató de una “operación de inteligencia ilegal” destinada a desestabilizar el proceso electoral, en la que incluso señaló la participación de periodistas como Jorge Rial.
La presentación fue realizada en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, y en la fiscalía a cargo de Carlos Stornelli. Apenas conocido el trámite judicial, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que “la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada”. La medida cautelar fue dictada por el juez Alejandro Maraniello, quien, según el Gobierno, “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. El escrito fue impulsado por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, que además solicitó un allanamiento al canal de streaming Carnaval —responsable de la difusión del material— para secuestrar servidores, discos rígidos y documentación vinculada a la transmisión de los audios.
Los registros filtrados incluyen declaraciones de Karina Milei en tono de reproche: “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se la escucha decir en una de las grabaciones. En otro fragmento, cuestiona la falta de compromiso horario de sus colaboradores: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. En el Gobierno sostienen que algunas de esas grabaciones podrían haberse realizado dentro de la propia sede presidencial, lo que calificaron como “una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.
La denuncia oficial también apuntó contra Mauro Federico, Pablo Toviggino, Jorge Rial y Franco Bindi, a quienes vinculó con un supuesto plan de escuchas ilegales. Desde el oficialismo aseguran que se trata de “un ataque planificado” y advierten que las maniobras responden a patrones “similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”. “El mensaje es contundente: no se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia”, señalaron voceros gubernamentales.
Sin embargo, el Gobierno evitó pronunciarse sobre el contenido de los audios de Spagnuolo, que involucran denuncias de supuestos pagos irregulares de laboratorios a funcionarios de alto rango. “Será la Justicia la que deslindará responsabilidades”, afirmaron.
En paralelo, el oficialismo buscó bajar el tono a la derrota en Corrientes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que los resultados “eran esperables”, aunque confió en que el 26 de octubre los votos para La Libertad Avanza serán “ampliamente superiores”. Mientras tanto, Javier Milei prepara el cierre de campaña bonaerense en Moreno antes de viajar a Estados Unidos, donde participará de actividades con inversores en Las Vegas y Los Ángeles, para regresar horas antes de los comicios.
