El Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino este miércoles en el juicio por la expropiación de YPF, manifestando su oposición a que las sentencias a favor de los demandantes se paguen con acciones de la petrolera argentina. La presentación fue realizada ante el juzgado de Loretta Preska, en Nueva York, y responde a un pedido de uno de los fondos litigantes, Bainbridge, que en marzo pasado solicitó cobrarse parte de la deuda de Argentina con títulos de la compañía. La administración Biden advirtió que acceder a ese reclamo sería “violatorio de la soberanía” y podría establecer un precedente perjudicial para empresas estadounidenses en conflictos internacionales similares.
La declaración del Departamento de Justicia llega en medio de una situación crítica para Argentina, que enfrenta una sentencia por 16.100 millones de dólares debido a la estatización de YPF en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner y bajo la supervisión económica de Axel Kicillof. Según el abogado argentino Sebastián Maril, especializado en litigios internacionales, “Estados Unidos presenta esta Declaración de Interés para reiterar su posición de larga data de que las propiedades extranjeras soberanas ubicadas en el exterior no están sujetas a ejecución en los tribunales estadounidenses”. El documento, firmado por el fiscal Damian Williams, insta a la jueza Preska a rechazar la entrega de acciones de YPF como forma de pago, argumentando que hacerlo violaría “las leyes bien establecidas de inmunidad soberana”.
La intervención del Departamento de Justicia, aunque no vinculante, es considerada un parámetro relevante para la decisión judicial final. Desde el fondo Burford, otro de los litigantes en la causa, aclararon que el pronunciamiento del gobierno estadounidense no modifica el fallo de fondo, sino que limita el tipo de compensación que podrían recibir. Además, el estudio de abogados de Burford señaló que “el Departamento de Justicia ha adoptado anteriormente la posición de que era apropiado perseguir a Argentina en los tribunales estadounidenses por su incumplimiento de contrato en este asunto”. Esta aclaración se produce luego de que algunos medios interpretaran la intervención estadounidense como un posible respaldo general a la posición argentina, lo cual fue desmentido por el fondo demandante.
En respuesta, el gobierno argentino emitió un comunicado afirmando que la declaración del Departamento de Justicia “respalda la oposición de la República Argentina a las medidas pedidas por los demandantes”, reafirmando su compromiso de defender sus derechos en el caso. La batalla judicial continúa mientras Argentina busca alternativas para suspender la ejecución de la millonaria sentencia definitiva y apelar sin la obligación de depositar una fianza. La jueza Preska, por su parte, expresó su sorpresa ante el pedido de prórroga de la nueva administración argentina encabezada por Javier Milei, que solicitó un plazo adicional de 30 días para interiorizarse en el caso.
