La imputación que pesa sobre los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor, por presunta defraudación al Estado mediante el desvío de fondos públicos destinados a planes sociales, podría implicar también a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, como Emilio Pérsico. La fiscalía, encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, está investigando posibles omisiones en los controles que permitieron este desvío millonario. Según fuentes judiciales, esta línea de investigación se enfoca en las fallas del sistema de control que pudieron haber facilitado la defraudación.
El jueves pasado, el juez federal Sebastián Casanello concluyó las indagatorias a una veintena de personas relacionadas con el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor. Esta etapa inicial del expediente se originó a partir de denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación y llamadas a la línea 134, que reportaron casos de extorsión para que beneficiarios de planes sociales participaran en marchas contra el gobierno. La investigación reveló una estructura compleja que involucra a dirigentes sociales y fondos públicos del programa Potenciar Trabajo, creado durante la administración de Alberto Fernández y gestionado por Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta en el extinto Ministerio de Desarrollo Social.
Durante los últimos meses, la investigación ha descubierto sociedades fantasmas, facturas apócrifas y desvíos de fondos para financiar actividades políticas, algo prohibido por la normativa del plan social. El juez Casanello debe ahora resolver la situación procesal de los acusados, entre ellos Eduardo Belliboni, quien se negó a responder preguntas durante su indagatoria y solo declaró sobre el “engaño ocasionado al Estado”. La fiscalía, por su parte, está examinando las responsabilidades de los funcionarios públicos en el control y asignación de estos fondos.
Emilio Pérsico, exfuncionario y responsable de la Secretaría de Economía Social, está bajo la lupa de la fiscalía. Según las investigaciones, su firma era necesaria tanto para la asignación como para la liberación de los fondos que recibieron el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor. La investigación abarca desde junio de 2020 hasta diciembre de 2022, periodo durante el cual las organizaciones suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social, recibiendo un total de $361.087.500 en subsidios institucionales.
El análisis de la fiscalía ha revelado omisiones e irregularidades en el circuito administrativo. Los convenios obligaban a las organizaciones a generar actividades y rendir cuentas sobre los gastos comprometidos, así como a certificar el cumplimiento de trabajo por parte de los beneficiarios del programa. Sin embargo, una parte significativa de los recursos estatales fue administrada indebidamente por sus autoridades, quienes emplearon facturación apócrifa y simularon gastos no concretados para desviar el dinero hacia actividades político-partidarias.
Los líderes del Polo Obrero y El Resplandor más involucrados en estas actividades no quisieron declarar ante el juez Casanello. Eduardo Belliboni, quien firmó las rendiciones con facturas falsas, declaró que explicaría “por escrito porque es un tema muy técnico”. La justicia aún espera estas explicaciones.
El equipo de la fiscalía de Pollicita ha examinado los cinco convenios firmados por más de $361 millones. Los expedientes, escuetos y sin mayores precisiones, involucraban sumas cuantiosas de fondos públicos. La Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, aprobó estos informes técnicos y solicitó las asignaciones presupuestarias sin un análisis detallado, permitiendo la entrega de subsidios y la liberación de fondos.
Los subsidios se entregaban en tramos, y una vez aprobado el primer desembolso, las organizaciones debían presentar un plan de actividades detallado, pero estos informes eran genéricos y carecían de la información requerida por la normativa. Pese a estas deficiencias, los desembolsos de dinero continuaron.
El Polo Obrero y El Resplandor firmaron varios acuerdos y recibieron subsidios en múltiples desembolsos. Las organizaciones debían presentar avances de los trabajos, pero según una fuente judicial, “nada de eso ocurrió” y “los fondos se fueron desembolsando igual”. La fiscalía ha identificado el uso de facturas emitidas por empresas fantasmas como Coxtex y Ediciones e Impresiones Rumbos para simular gastos y ocultar el desvío de dinero.
La fiscalía busca determinar las responsabilidades penales de los exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social en esta maniobra defraudatoria que ocasionó un perjuicio millonario al Estado, construida sobre rendiciones de dinero con exiguos controles y sin exigencias sobre los planes de trabajo.
