Pablo Otero, conocido como el “Señor del tabaco”, enfrenta graves acusaciones judiciales que podrían alterar su dominio sobre el sector tabacalero en Argentina. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) presentó una denuncia por presunto lavado de dinero, que recayó en el juzgado de María Servini. El caso involucra a Tabacalera Sarandí, la empresa de Otero, que, según la denuncia, habría lavado más de 33.600 millones de pesos a través de la venta de cigarrillos entre 2021 y 2023. Las investigaciones apuntan a que el empresario y su compañía utilizaron distribuidoras con “perfil fiscal irregular” para ocultar el origen de los fondos, lo que habría permitido “simular” operaciones comerciales y desviar dinero desde el circuito informal al formal.
El origen de la denuncia radica en un informe realizado por la División de Fiscalización Externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes. El reporte detalla cómo Tabacalera Sarandí habría comercializado cigarrillos de marcas como Red Point, West, Kiel y Master, producidas por la propia empresa de Otero, a 23 distribuidoras que carecían de la infraestructura necesaria y operaban con prácticas fiscales dudosas. “Las distribuidoras no registraban pagos tributarios ni acreditaciones bancarias mínimas”, apunta el informe, y señala que las transacciones fueron realizadas principalmente en efectivo o a través de cuentas recaudadoras, lo que dificultó la trazabilidad de los fondos. Además, algunas de las empresas implicadas no contaban ni siquiera con personal o estructura edilicia, lo que refuerza las sospechas de que actuaban como “usinas” para el lavado de dinero.
En respuesta a las acusaciones, Otero rechazó categóricamente los cargos y calificó la denuncia como una “maniobra de persecución política y económica”. Según el empresario, las acusaciones carecen de “sustento jurídico ni fáctico” y se enmarcan en un intento de dañar su empresa, que, asegura, ha crecido “en base al esfuerzo, el cumplimiento de las leyes y la competencia leal”. Esta no es la única causa judicial que enfrenta Otero. La Justicia de Mar del Plata también investiga a Tabacalera Sarandí por la presunta falsificación de estampillas y la venta de cigarrillos con sellos apócrifos, una maniobra destinada, aparentemente, a evadir impuestos. El expediente en cuestión se inició en 2019 y ya ha llevado a la indagatoria de varios empresarios pyme que compraban estos productos adulterados.
El ascenso de Otero en el mercado del tabaco comenzó en 2018, cuando decidió dejar de pagar el impuesto mínimo al tabaco, un tributo que había sido impulsado durante la presidencia de Mauricio Macri. Tabacalera Sarandí argumentó que el impuesto era confiscatorio y perjudicial para las pequeñas y medianas empresas. Gracias a esta estrategia, la compañía logró una expansión significativa, pasando del 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023, según un informe de la consultora ABECEB. Sin embargo, el crecimiento de Otero no estuvo exento de controversia, ya que sus prácticas fiscales y comerciales han sido objeto de múltiples denuncias a lo largo de los años.
