El Gobierno de Javier Milei ha generado controversia con la publicación de un nuevo decreto que restringe el acceso a la información pública, limitando particularmente el acceso a “datos privados” de los funcionarios y cualquier información que pueda causar “daños y perjuicios” a las personas involucradas. El decreto, firmado por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, introduce una interpretación más restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que ha suscitado fuertes críticas de organizaciones de derechos y especialistas en comunicación.
Este cambio se alinea con una postura que el gobierno ya había adoptado anteriormente, cuando se negó a divulgar información sobre los gastos y mantenimiento de los perros de Milei que residen en la Quinta de Olivos, argumentando que se trataba de cuestiones del “ámbito privado” del presidente. Con el nuevo decreto, se amplían los límites sobre qué tipo de información se podrá solicitar al gobierno y en qué circunstancias esta puede ser denegada. “Especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una esfera típicamente doméstica”, establece la nueva normativa.
Las reacciones a este decreto no se hicieron esperar. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) fue una de las primeras organizaciones en expresar su rechazo, advirtiendo que “implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados, desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”. Asimismo, la organización Poder Ciudadano también manifestó su preocupación, señalando en un comunicado que “esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. Por eso, este decreto y su contenido no son el camino. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción”.
Especialistas en acceso a la información pública han subrayado los peligros que conlleva esta nueva interpretación de la ley. Un experto consultado por Clarín señaló que “está claro el criterio restrictivo del Gobierno, ya que a partir de ahora cualquier funcionario podrá denegar el acceso, basándose en que se trata de datos que hacen a su privacidad, que pueda causar daños y perjuicios o que el solicitante esté cometiendo un abuso del derecho”. Este cambio podría dificultar considerablemente la labor de periodistas y organizaciones civiles que dependen de la transparencia gubernamental para realizar su trabajo.
La medida también ha sido criticada por políticos de la oposición. Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de diputados radicales, afirmó que “cualquier funcionario tiene la posibilidad de negar la información si considera que se trata de una excepción legal. Será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no”. Además, Banfi exigió la intervención urgente de la Agencia de Acceso a la Información Pública para que defienda el derecho ciudadano a saber, acusando al gobierno de legislar por decreto excepciones que solo pueden ser definidas por la ley.
El decreto también ha encendido alarmas entre expertos en libertad de expresión, como Martín Becerra, quien afirmó que esta nueva normativa impone “más restricciones a la libertad de expresión”, y Sebastián Pilo, integrante del Consejo Asesor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien calificó el decreto como “inconstitucional”, argumentando que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de limitar o restringir derechos consagrados por la ley a través de un acto reglamentario.
La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, promulgada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, fue concebida para garantizar la transparencia y el acceso sin restricciones a la información en poder del Estado. El reciente decreto del gobierno de Milei marca un punto de inflexión que podría tener profundas implicaciones para el derecho al acceso a la información y la transparencia en Argentina.
