Durante la última reunión del Consejo del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner expresó su descontento con la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se celebrarán el 7 de septiembre —para elegir concejales, diputados y senadores provinciales— mientras que las nacionales tendrán lugar en octubre, cuando se renovarán bancas en el Congreso. La expresidenta fue tajante: “creía que esa decisión podría hacer perder los dos turnos al peronismo frente a La Libertad Avanza”, que ya anunció una alianza con el PRO y podría sumar también un sector de la UCR.
La advertencia de Cristina no fue una simple disidencia táctica, sino una crítica política con una base concreta: el antecedente reciente en la Ciudad de Buenos Aires. En esa jurisdicción, el jefe de Gobierno Jorge Macri anticipó las elecciones locales, pero su espacio político —el PRO— terminó en tercer lugar, detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. Cristina no dudó en usar ese resultado como un argumento para cuestionar la estrategia de Kicillof y su impacto potencial en la provincia. La crítica tuvo fuerte resonancia en La Plata, donde fuentes cercanas al gobernador reconocieron que el diagnóstico de la expresidenta “podría acertar”, y admitieron que el oficialismo no ve con claridad el panorama electoral en la mayoría de las secciones electorales, salvo en la tercera, que incluye al sur y oeste del conurbano bonaerense.
En ese contexto de incertidumbre, la urgencia por asegurar poder institucional se volvió palpable. Lo que ocurrió recientemente en el Senado bonaerense, con la designación de 131 jueces y fiscales, y la inminente aprobación de otros 85 pliegos en los próximos días, refleja esa necesidad de reconfigurar la justicia antes de un eventual retroceso electoral. Según analistas, si se confirma el escenario que prevén tanto Cristina como el entorno de Kicillof, el peronismo perdería peso en la Legislatura provincial a partir del recambio del 10 de diciembre. A esto se suma la posibilidad de que la UCR y el PRO también vean disminuida su representación, frente al avance de La Libertad Avanza.
Por esa razón, las principales fuerzas políticas del oficialismo bonaerense —incluyendo al peronismo, el PRO y la UCR— aceleraron una negociación que venía estancada desde noviembre del año pasado. En aquel momento, las diferencias sobre los nombramientos en La Matanza y la fuerte interna entre La Cámpora y los intendentes del PJ habían paralizado las designaciones judiciales. Ahora, con la amenaza concreta de perder representación legislativa, esas tensiones fueron momentáneamente superadas para apurar acuerdos clave.
