El Secretario General del Sindicato de Empleados de la exCaja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), Carlos Ortega, ha levantado una voz de alerta sobre lo que él describe como “despidos arbitrarios” en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ortega, a través de un comunicado oficial, expuso la situación en la que más de 320 trabajadores de planta permanente fueron desvinculados de manera súbita, encontrándose con la negativa de ingreso al organismo público cuando intentaban cumplir con sus responsabilidades laborales.
Ante esta situación, el Secasfpi declaró un estado de alerta y movilización, reiterando su “inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos laborales y la estabilidad del empleo”. En una solicitud directa a la Anses, el sindicato exigió la revocación inmediata de las decisiones de despido, argumentando que en la institución no sobra ningún trabajador.
El conflicto laboral parece tener su raíz en la designación de personal sin previo proceso de selección, según justificó el Gobierno en los telegramas de despido, respaldándose en la Resolución 76 de marzo de 2016 de la gestión de Emilio Basavilbaso. Carlos Ortega, líder sindical y exdiputado nacional peronista, contradijo esta afirmación, asegurando que los más de 300 despidos afectaron a empleados de planta permanente que ingresaron por concurso entre 2020 y 2023, muchos de ellos ocupando cargos de jefes de oficina.
El dirigente sindical apuntó directamente al Ministerio de Capital Humano como el responsable de la decisión y destacó que estos despidos afectaron a empleados más allá del último año anunciado por el Gobierno. En su posición, Ortega afirmó enfáticamente que “los trabajadores no ingresaron a la planta permanente sin previo concurso”, desafiando la validez de la resolución de Basavilbaso como justificación para los despidos.
Además, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, denunció que, desde la llegada del Gobierno de Javier Milei, se han producido más de 7.500 despidos en la administración pública debido a la no renovación de contratos. El frente gremial, integrado por ATE y ambas CTA, se ha movilizado en contra de lo que describen como un “feroz ajuste en el Estado”, sumando a su protesta los 500 despidos en instituciones como la Secretaría de Trabajo, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), y los Ministerios de Justicia y Economía, así como el área de Cultura.
En otra parte del sector público, los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), agrupados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, se encuentran en asamblea para deliberar sobre la eliminación de las horas extras para los empleados de ingresos más bajos, una medida que ha despertado la preocupación y el descontento entre los trabajadores.
