Un informe de la Contraloría de Perú encendió las alarmas sobre graves fallas de seguridad en el penal de máxima seguridad Ancón I, donde equipos tecnológicos clave para el control de ingresos, cámaras de videovigilancia y faros de vigilancia se encontraban inoperativos o directamente sin personal a cargo. El caso, lejos de ser una anécdota regional, funciona como espejo de un problema que se repite en gran parte de América Latina: la falta de inversión y control en el sistema penitenciario.
Según el reporte oficial, body scanners y equipos de rayos X para detectar objetos prohibidos no funcionaban al momento de la inspección, mientras que las cámaras de varios pabellones no transmitían imágenes en tiempo real. Tres torreones de vigilancia estaban sin personal, lo que multiplica el riesgo de fugas, ingreso de armas o drogas y motines. Un cuadro que, con matices, resulta familiar para cualquier vecino del conurbano bonaerense.
El espejo bonaerense: cárceles colapsadas bajo la gestión de Kicillof
Mientras en Perú la Contraloría hizo su trabajo y expuso las falencias, en la provincia de Buenos Aires las denuncias sobre motines, hacinamiento, ingreso de celulares y falta de controles en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense se acumulan sin respuestas concretas del gobierno de Axel Kicillof. Organismos de derechos humanos y sindicatos penitenciarios vienen advirtiendo desde hace años sobre la obsolescencia tecnológica de muchos penales bonaerenses, con cámaras rotas, detectores de metales fuera de servicio y una infraestructura que no acompaña el crecimiento de la población carcelaria.
El contraste con la gestión nacional es elocuente. Mientras Kicillof destina recursos a un aparato estatal cada vez más pesado y a un clientelismo territorial que poco resuelve en materia de seguridad real, la ministra Patricia Bullrich viene ordenando el sistema federal con inversión en tecnología, inteligencia criminal y un discurso de mano firme contra el delito que empieza a mostrar resultados en las estadísticas nacionales.
Orden macroeconómico como base de la seguridad
No es casualidad que la discusión sobre seguridad se dé en paralelo a la consolidación del programa económico de Javier Milei. La baja sostenida de la inflación, el superávit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas generan las condiciones para que el Estado nacional pueda, sin emitir ni endeudarse alocadamente, financiar equipamiento, capacitación y tecnología para las fuerzas de seguridad federales, algo que en la era kirchnerista era impensable en medio del descalabro fiscal heredado.
La pregunta que queda flotando es por qué los gobiernos provinciales y municipales del peronismo bonaerense, que administran recursos multimillonarios de coparticipación, no logran destinar una fracción de ese presupuesto a modernizar cámaras, sensores y sistemas de control en cárceles y comisarías. La respuesta, para muchos vecinos del GBA, es conocida: prioridades políticas ligadas al aparato partidario antes que a la gestión eficiente.
El caso de Ancón I debería servir como advertencia para toda la región: sin tecnología funcionando, sin personal capacitado y sin controles reales, cualquier sistema penitenciario es una bomba de tiempo. La diferencia está en quién asume el problema con seriedad y quién sigue mirando para otro lado mientras el conurbano paga las consecuencias.
