La Corte Suprema de Justicia confirmó que la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner continuará bajo investigación en la causa conocida como Ruta del Dinero K, un tramo conexo al expediente principal que investiga maniobras de lavado de dinero vinculadas a Lázaro Báez. Esta decisión ratificó la reapertura del caso ordenada por la Cámara Federal, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan en dos oportunidades había solicitado el sobreseimiento de Kirchner. Ahora, el juez federal Sebastián Casanello impulsó nuevas medidas de prueba para profundizar en el destino de los fondos que habrían sido blanqueados, en línea con el aval del máximo tribunal.
Tras la anulación de su sobreseimiento, Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte para evitar que su nombre siguiera vinculado a la causa. Sin embargo, los ministros rechazaron los planteos de su defensa y confirmaron que la investigación seguirá en etapa de instrucción con la ex mandataria como única imputada. La causa madre ya tuvo una condena firme contra Báez por lavado de 55 millones de dólares, sentencia ratificada también por la Corte. En este proceso conexo, se busca establecer si la ex presidenta tuvo alguna participación en esas maniobras, y si pudo haberse beneficiado del presunto blanqueo de activos provenientes de una usina de facturas falsas.
El juez Casanello ordenó un estudio contable a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCo) para reconstruir el flujo de fondos que ingresaron a Austral Construcciones, la empresa de Báez, desde Suiza. Entre 2010 y 2013, Báez adquirió más de 1.400 propiedades por un valor equivalente a 205 millones de dólares en 2016, con un crecimiento patrimonial exorbitante. La investigación apunta a determinar si ese dinero fue utilizado para beneficio personal o si Báez actuó como prestanombre de Kirchner. Además, se solicitaron informes y pericias sobre maniobras financieras específicas, incluso a Estados Unidos, y se evalúa información proveniente de otras causas como los Cuadernos de las Coimas y el caso Vialidad, en el que Kirchner también fue condenada.
Aunque la Cámara Federal y la Corte sostienen que la investigación debe continuar, el fiscal Marijuan mantiene su postura de que no hay pruebas suficientes para imputar a la ex presidenta. En su último dictamen, afirmó que “no hay elementos de prueba para sostener la imputación contra la ex presidenta en esta investigación por lavado de dinero”. Sin embargo, la causa sigue abierta por orden judicial y con la única querella formal presentada por la asociación civil Bases Republicanas. Por su parte, la investigación analizó más de 370 comunicaciones telefónicas entre Báez y Kirchner durante el periodo investigado, un dato que el juez Casanello considera clave para esclarecer el grado de vinculación de la ex mandataria con las maniobras denunciadas.
