Un proyecto que gana fuerza en sectores libertarios y aliados propone separar al Conurbano bonaerense de la administración de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa plantea que los 27 distritos que rodean a la Capital Federal dejen de depender del gobierno de Axel Kicillof y pasen a tener un esquema de administración propio, con menos impuestos y presencia de Gendarmería en las calles para combatir la inseguridad.
La propuesta, que circula entre dirigentes de La Libertad Avanza y economistas liberales, busca replicar en parte la lógica de autonomía que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires. El diagnóstico de fondo es contundente: millones de vecinos del Conurbano pagan una carga tributaria provincial altísima a cambio de servicios de seguridad, salud y educación que hace años no funcionan.
Hartazgo con la gestión de Kicillof
Detrás del plan hay un hartazgo evidente con años de gestión kirchnerista en la Provincia. Bajo la administración de Kicillof, el Conurbano acumula números alarmantes de inseguridad, con municipios donde el narcotráfico y las bandas organizadas operan casi sin control policial efectivo.
A esto se suma una estructura de impuestos provinciales que asfixia a comerciantes, pymes y familias, mientras el gobierno bonaerense mantiene un aparato estatal sobredimensionado y funcional al clientelismo de siempre. Los promotores de la separación sostienen que buena parte de los 27 distritos podría administrarse con más eficiencia y menor gasto político si se desvincula del esquema centralizado de La Plata.
La idea de sumar Gendarmería de forma permanente en el territorio no es casual: en el actual esquema, la policía bonaerense responde políticamente al gobernador, algo que para los impulsores del proyecto explica en parte la connivencia histórica entre poder político y delito en varios municipios del conurbano profundo.
Un debate que crece al calor del ajuste ordenado de Milei
El plan aparece en un contexto nacional muy distinto al de hace dos años. Con el Gobierno de Javier Milei logrando bajar la inflación de forma sostenida, mantener el superávit fiscal y devolverle previsibilidad a la macroeconomía, cada vez más sectores discuten reformas estructurales que antes ni se mencionaban en la agenda pública.
La separación del Conurbano se inscribe en esa lógica: si a nivel nacional el ordenamiento de las cuentas públicas permitió mejorar el poder adquisitivo y bajar la carga inflacionaria que castigaba a los sectores más vulnerables, ¿por qué no discutir también un esquema provincial menos pesado y más cercano a los vecinos?
Los defensores de la iniciativa remarcan que la baja de impuestos, sumada a un esquema de seguridad con fuerzas federales, podría atraer inversión y generar empleo genuino en distritos hoy asfixiados por la presión fiscal bonaerense. Además, señalan que gran parte de los intendentes del conurbano —muchos de ellos alineados al kirchnerismo— construyeron estructuras de poder basadas en el gasto público y la dependencia de planes sociales, en lugar de fomentar el desarrollo económico local.
Un proyecto que recién empieza a discutirse
Por ahora se trata de una propuesta en etapa de debate, sin proyecto legislativo formal presentado en el Congreso ni en la Legislatura bonaerense. Sin embargo, el solo hecho de que la idea circule con fuerza en medios y espacios políticos marca un cambio de clima: la centralización histórica de la Provincia empieza a ser cuestionada abiertamente.
Para los impulsores, separar al Conurbano de la Provincia no es una fantasía sino una consecuencia lógica del fracaso reiterado de la gestión kirchnerista en materia de seguridad, impuestos y desarrollo económico. El debate recién empieza, pero ya puso en agenda una pregunta incómoda para Kicillof y los intendentes del PJ: ¿cuánto más puede sostenerse el statu quo bonaerense?
