En medio de un fuerte clima de tensión política, la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado ordenó allanamientos en la Municipalidad de Quilmes y varios domicilios particulares, además de la detención de cuatro personas vinculadas al ataque con caca a la vivienda del diputado libertario José Luis Espert. La medida generó un intenso debate tras la decisión de trasladar al penal de Ezeiza a Alesia Abaigar, militante kirchnerista y funcionaria del gobierno bonaerense, quien fue la primera arrestada por el hecho. La intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, calificó la actuación judicial como una “persecución política” y acusó a la Justicia de actuar con “abuso de autoridad”.
Durante la jornada, Mendoza denunció que la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Eva Mieri, permanece incomunicada por más de tres horas. “No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia”, afirmó la intendenta a través de sus redes sociales, además de exigir que Espert “deje en paz a las pibas” y tildarlo de “cagón”. Por su parte, el Ministerio de Seguridad confirmó los allanamientos realizados en Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz y la detención de Mieri junto a Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, quienes estarían involucrados en la planificación y ejecución del ataque. Según la investigación, uno de los vehículos utilizados pertenece a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes.
La polémica se profundizó cuando el abogado de Abaigar, Daniel Llermanos, cuestionó la legalidad de la detención y el traslado de su defendida al penal de Ezeiza, especialmente por sus problemas de salud. “Ella tiene una enfermedad muy rara, una inmunodeficiencia que afecta sus pulmones”, sostuvo Llermanos, y denunció las condiciones precarias del penal. Mientras tanto, el dirigente social Juan Grabois advirtió que en Argentina “hay un Estado de sitio encubierto”, al denunciar “terrorismo psicológico de Estado” y persecución política impulsada desde el Ejecutivo. Desde la organización Patria Grande sumaron críticas, afirmando que el gobierno “persigue opositores pisoteando la Constitución” mientras el narcotráfico sigue en aumento en el país. Este episodio puso en evidencia una fuerte polarización y cuestionamientos cruzados sobre el uso del poder judicial y político en un contexto de creciente confrontación social.
