El Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 (TOPE 2) presentó los fundamentos de las condenas en la causa que investiga las maniobras con Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) durante el gobierno de Cristina Kirchner. En un fallo de 1500 páginas, los jueces Diego García Berro, Luis Losada y Jorge Zabala detallaron las pruebas que respaldan cómo se simulaban importaciones para acceder a dólares al valor oficial, los cuales eran posteriormente vendidos en el mercado negro o transferidos al exterior. Las condenas principales recayeron sobre el abogado Juan Martínez Rojas y el empresario Sung Ku “Mister Korea” Hwang, pero el juez Gustavo Meirovich ya apunta a otros posibles beneficiarios.
Según fuentes judiciales, las operaciones bajo investigación ascienden a 312 millones de dólares. “Se efectuaron giros de divisas al exterior mediante transferencias bancarias SWIFT liberadas con DJAI aprobadas, tramitadas con documentación falsa o datos incorrectos”, explicó el juez Meirovich. Aunque no se ha comprobado la complicidad de funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, se sospecha de una posible negligencia en la aprobación de las operaciones. Además, las declaraciones de Sung Ku Hwang, quien colaboró con la Justicia a cambio de una reducción de penas, abrieron nuevas líneas de investigación sobre 35 personas físicas y empresas involucradas en operaciones fraudulentas.
En octubre de 2024, Martínez Rojas fue condenado a 9 años de prisión por asociación ilícita, contrabando y lavado de activos, además de recibir una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a cuatro veces el valor de las operaciones ilícitas. Por su parte, Hwang, extraditado en 2017 por su implicancia en la llamada “Mafia de los Contenedores”, recibió una pena de 4 años de prisión y sanciones similares. En cuanto al testigo Claudio Belizán, reveló detalles de cómo Martínez Rojas utilizaba financieras para trasladar grandes sumas de dinero: “Me mandaba al hotel Hilton y me traían bolsos con dinero”.
La causa, que comenzó en 2016 con denuncias de particulares y figuras como Elisa Carrió y Juan José Gómez Centurión, marca un nuevo capítulo con el inicio de investigaciones sobre otros implicados en marzo de 2025. Las maniobras con DJAI también fueron denunciadas durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque hasta ahora no se registraron avances judiciales en esos casos.
