Guillermo Américo Córdoba, concejal de Goya por el Movimiento Evita, presentó su renuncia al cargo este martes luego de ser condenado a 13 años de prisión por abuso sexual contra al menos tres beneficiarias de planes sociales. La decisión fue formalizada a través de una nota enviada al presidente del Concejo Deliberante, Pedro Casanni, en la que Córdoba describió su dimisión como “irrevocable” y expresó que fue electo por los ciudadanos de Goya, quienes lo “honraron” con el cargo.
En su renuncia, el edil explicó que su decisión de abandonar el puesto responde a la necesidad de preservar la institucionalidad del Concejo Deliberante ante las graves acusaciones en su contra. “En consideración de las acusaciones en mi contra y el dictamen inicial del Tribunal de Juicio, he decidido priorizar y proteger la institucionalidad del Concejo Deliberante”, sostuvo Córdoba. Asimismo, manifestó su intención de apelar la sentencia, afirmando que se dedicará “plenamente al proceso legal y la apelación necesaria para demostrar mi inocencia”.
La condena de Córdoba fue dictada el 25 de septiembre, cuando el Tribunal de Goya lo encontró culpable de abuso sexual con acceso carnal y otros dos delitos de abuso sexual simple. Sin embargo, los jueces decidieron que el cumplimiento de la pena quedará pendiente hasta que la sentencia quede firme, permitiendo que Córdoba siga en libertad con la prohibición de acercarse a las víctimas. El fallo se produjo tras las denuncias de tres mujeres, quienes afirmaron haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de perder los beneficios de planes sociales que gestionaba el Movimiento Evita en Goya.
Según las declaraciones de las víctimas, los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, y se habrían producido tanto en la sede del Movimiento Evita como en el departamento particular de Córdoba. Una de las denunciantes estimó que unas 30 mujeres habrían sido víctimas de situaciones similares, aunque muchas no se animaron a denunciar por temor a perder sus beneficios. “Se sabe que 27 compañeras de trabajo también pasaron por situaciones parecidas siendo víctimas de Córdoba, pero la mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad económica”, reveló una de las afectadas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones y de la condena penal, el Concejo Deliberante no había avanzado en la destitución del edil. La condena se fijó en 13 años de prisión luego de que el tribunal descartara los cargos de coacción y privación ilegal de la libertad por falta de pruebas suficientes. Los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, junto al abogado querellante Conrado Rudy Pérez, habían solicitado penas más altas, pero el tribunal optó por una pena menor y dejó a Córdoba en libertad hasta que la sentencia quede firme.
