La exministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, fue condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia la encontró culpable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y de exigir retornos de los sueldos de asesores ficticios en una causa conocida como “Ñoquis calientes”. “La condena refleja el compromiso con la transparencia y el castigo a la corrupción”, destacaron fuentes judiciales.
El tribunal integrado por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri dictó el fallo tras considerar que Torres Otarola incurrió en delitos de defraudación a la administración pública y exacciones ilegales. La pena, aunque significativa, fue inferior a la solicitada por el fiscal Omar Rodríguez, quien había pedido 3 años y 6 meses de prisión. Según el fallo, la exfuncionaria continuará en libertad, pero deberá cubrir las costas del proceso y respetar normas de conducta impuestas por la Justicia.
Además de Torres Otarola, otros cuatro funcionarios fueron condenados a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua por ser partícipes necesarios en el fraude. Se trata de Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, quienes integraban una red de empleados públicos contratados sin cumplir funciones. En paralelo, la Justicia absolvió a otros dos acusados al no hallar pruebas suficientes para condenarlos.
Entre las irregularidades probadas se destacó que, cuando Torres Otarola era diputada provincial, exigía a tres de sus asesores legislativos que le transfirieran la mitad de sus salarios. También se identificaron casos de nombramientos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia y la Legislatura provincial, donde los contratados no realizaban ninguna tarea.
Este caso marca un precedente en Chubut, ya que es la primera vez que una causa culmina con un veredicto de culpabilidad por fraude cometido por empleados del Estado. La sentencia refuerza la importancia de investigar y sancionar prácticas corruptas en la administración pública, un tema que sigue siendo central en la agenda política de la provincia.
