La Justicia bonaerense inhabilitó por 90 días para conducir al concejal platense de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, luego de que un test de alcoholemia diera positivo durante un control de tránsito en Pinamar. El edil también deberá pagar una multa cercana al millón de pesos.
Un control de rutina con consecuencias
El episodio ocurrió el fin de semana pasado en la ciudad balnearia, cuando Allan circulaba al volante de un Toyota Yaris y fue detenido en un operativo habitual de control vehicular. Al someterse a la prueba, el dispositivo arrojó un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que infringe directamente el régimen de Alcohol Cero vigente en toda la Provincia de Buenos Aires.
Además del positivo, el concejal no pudo exhibir la licencia de conducir física durante el control, lo que sumó una infracción adicional al expediente. Ambas faltas fueron computadas por las autoridades de tránsito presentes en el operativo bonaerense.
La resolución judicial y los plazos
El Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito del departamento de Dolores dictó la resolución el pasado 1° de octubre. Allí se estableció la inhabilitación para conducir por 90 días, un plazo que comenzó a correr desde el mismo momento en que se detectó la infracción y que se extenderá hasta el 25 de diciembre inclusive.
De esta manera, el concejal deberá circular sin su vehículo propio durante los próximos meses, además de afrontar el pago de la multa fijada por el tribunal, que ronda el millón de pesos entre ambas faltas registradas.
Instituciones que funcionan, sin excepciones
Más allá de la figura política involucrada, el caso pone en evidencia algo que suele destacarse poco: en la Provincia de Buenos Aires existen controles de tránsito activos y una Justicia administrativa que aplica las normas de alcoholemia sin mirar de qué espacio político proviene el infractor. El régimen de Alcohol Cero, vigente desde hace años en territorio bonaerense, volvió a mostrarse como una herramienta eficaz para prevenir siniestros viales, uno de los principales problemas de seguridad vial en el conurbano y en los destinos turísticos de la costa atlántica.
Vale remarcar que se trata de una infracción de tránsito, resuelta por los canales administrativos correspondientes, y no de una causa penal ni de un hecho de corrupción. El propio concejal no cuestionó públicamente el resultado del operativo ni la decisión del juzgado de Dolores, lo que habla de un proceso transparente y sin privilegios para dirigentes de ningún signo político.
El caso de Allan contrasta, de hecho, con la habitual opacidad que caracteriza a buena parte de la gestión municipal del conurbano bonaerense, donde intendentes y funcionarios kirchneristas suelen eludir controles de todo tipo, desde los viales hasta los relacionados con el manejo de fondos públicos. En este episodio puntual, al menos, el sistema de contralor bonaerense funcionó tal como está previsto, sancionando una conducta de riesgo sin dilaciones ni excepciones.
