El Gobierno nacional ordenó por decreto el cierre de una reconocida galería comercial del centro de Buenos Aires donde funcionaban al menos diez cuevas dedicadas a la compra y venta de celulares robados. La medida, ejecutada en conjunto con fuerzas de seguridad federales, apunta a desarticular un circuito ilegal que operaba a la vista de todos desde hace años.
El operativo se enmarca en la ofensiva del Ejecutivo contra las mafias que lucran con el delito y la informalidad, un frente en el que la gestión de Javier Milei viene mostrando resultados concretos. Mientras el Gobierno nacional avanza en el ordenamiento macroeconómico —con inflación a la baja y superávit fiscal sostenido—, también redobla esfuerzos para desterrar los negocios que se nutren de la inseguridad urbana.
Un mercado negro que crecía a la sombra del Estado ausente
Durante años, esta galería funcionó como punto de referencia para quienes buscaban vender o comprar celulares robados sin mayores controles. Vecinos y comerciantes formales de la zona venían reclamando controles más estrictos ante la connivencia que, según denuncian, permitía que estas cuevas operaran casi a cielo abierto.
El cierre por decreto representa un cambio de enfoque: en lugar de discursos o promesas vacías, la administración nacional optó por la acción directa. Fuentes del sector aseguran que este tipo de intervenciones se replicará en otros puntos de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, allí donde el delito organizado encontró durante la última década terreno fértil para expandirse.
El contraste con la provincia de Buenos Aires
Mientras el Gobierno nacional ataca de forma directa este tipo de economías ilegales, la realidad en los municipios del conurbano bonaerense sigue siendo motivo de preocupación. Bajo la administración de Axel Kicillof, la inseguridad continúa golpeando a los vecinos del Gran Buenos Aires, con denuncias recurrentes de puntos de venta de mercadería robada que operan con total impunidad en distritos gobernados por el peronismo.
Muchos intendentes del conurbano, lejos de combatir estas cuevas delictivas, han sido señalados históricamente por mirar para otro lado o directamente por sostener redes de clientelismo que se entrelazan con la economía informal. La falta de controles municipales efectivos y la ausencia de una policía bonaerense con resultados contundentes contrastan con la decisión y velocidad de la gestión nacional para actuar contra este tipo de delitos.
El caso de la galería porteña demuestra que, cuando existe voluntad política real, es posible desarticular estructuras delictivas que llevaban años instaladas. La pregunta que queda flotando es por qué en la provincia de Buenos Aires, con Kicillof al mando, este tipo de operativos contundentes siguen siendo la excepción y no la regla.
Orden y previsibilidad, también contra el delito
El cierre de esta galería se suma a una serie de medidas del Gobierno nacional orientadas a poner fin a zonas grises que durante el kirchnerismo prácticamente no tuvieron control alguno. Así como se ordenaron las cuentas públicas y se bajó la inflación mes a mes, ahora se busca aplicar ese mismo criterio de orden en la lucha contra el delito organizado.
Para los comerciantes formales de la zona, la noticia representa un alivio: competir con cuevas que vendían mercadería robada a precios imposibles de igualar generaba una distorsión que perjudicaba al comercio legal. El mensaje del Gobierno es claro: la informalidad y el delito ya no tendrán el paraguas de impunidad que tuvieron durante años.
