El gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, cerró un acuerdo con la compañía pesquera estadounidense Red Chamber luego de semanas de tensión por el futuro de la planta que la firma opera en Puerto Madryn desde 2015. El gobernador confirmó a Clarín que la empresa asumió nuevos compromisos de inversión y ampliación de personal, lo que permitió dejar atrás la intimación que había sido emitida para que abandonara las instalaciones expropiadas tras la quiebra de Alpesca. El conflicto se había iniciado cuando la administración provincial reclamó cánones impagos y denunció incumplimientos en los compromisos asumidos por la compañía tras hacerse cargo de la operación.
Según detalló Torres, Red Chamber aceptó avanzar en un esquema que incluirá la contratación adicional de entre 80 y 160 trabajadores en tierra, además de hacerse responsable de los costos asociados a la expropiación de la planta, cuyos términos finales deberá definir la Justicia. “La empresa ocupa un predio que pertenece a la Provincia desde la quiebra de Alpesca y nunca pagó el canon ni cumplió con sus inversiones”, sostuvo el mandatario. Sin embargo, tras las nuevas condiciones acordadas, destacó que “se abre una nueva etapa” en la relación entre la firma y el Estado provincial. El gobernador había firmado el 5 de septiembre un decreto que rescindía de manera directa el contrato, pero finalmente decidió retroceder ante los avances en la negociación.
Red Chamber, con base en California, es una de las compañías líderes del mercado mundial del langostino, con una red de 15 plantas, una facturación global de US$ 3.000 millones y 5.000 empleados. En Estados Unidos concentra el 40% del negocio del langostino, apoyada en su cadena de restaurantes, mientras que en Argentina factura unos US$ 40 millones y emplea a 600 personas en Chubut. La empresa opera en la provincia con 11 barcos —seis con permisos nacionales y cinco otorgados por la Provincia— y recuerda que en 2015 tomó el control de la quebrada Alpesca para sostener los 600 empleos que habían quedado a la deriva. Su representante en el país, Marcelo Mou, sostiene que los pagos exigidos “también podían compensarse con inversiones” y afirma que la compañía ya desembolsó “US$ 70 millones”.
La tensión escaló a tal punto que la embajada de Estados Unidos intervino directamente y la empresa desplegó gestiones en Washington. Allí, ejecutivos de la pesquera golpearon las puertas del Departamento de Comercio, del Congreso y del propio embajador argentino, Alec Oxenford. La Cancillería argentina siguió de cerca el caso, especialmente en un contexto sensible: la inminente reunión bilateral que mantendrán Javier Milei y Donald Trump, lo que incrementó la preocupación por el posible impacto diplomático del conflicto.
Con el nuevo entendimiento, el gobierno provincial busca dar por concluido un capítulo que amenazaba con convertirse en un problema político y económico mayor, mientras que Red Chamber asegura su continuidad en una de las zonas más estratégicas para la industria pesquera argentina.
