La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido intervenir en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción relacionados con 45 contratos de seguros suscritos por organismos públicos. La Sala IV del máximo tribunal penal, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, analizará si corresponde o no mantener el levantamiento de la inhibición general de bienes que había sido ordenada en primera instancia por la Cámara Federal porteña. Esta medida afectaba, entre otros, al expresidente Alberto Fernández y al broker Héctor Martínez Sosa.
El origen de la causa radica en la decisión del juez federal Julián Ercolini de imponer la inhibición de bienes a Fernández, Martínez Sosa y un grupo de empresarios y exfuncionarios, entre ellos María Cantero, exsecretaria del expresidente. El juez Ercolini, encargado de instruir la causa, los investiga por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con sus funciones. La medida buscaba impedir que los acusados dispusieran de su patrimonio mientras se esclarece si participaron en la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado.
Sin embargo, la Cámara Federal porteña levantó esta inhibición, lo que llevó al Ministerio Público Fiscal a presentar un recurso de casación ante la Cámara de Casación Penal. Este tribunal ha considerado pertinente revisar el fallo de la Cámara porteña y, antes de emitir un veredicto definitivo, fijará una audiencia en la que escuchará tanto al fiscal como a las defensas de los acusados. La causa se centra en los contratos de seguros que organismos estatales se vieron obligados a suscribir con Nación Seguros, como resultado del Decreto 823/2021 emitido por el entonces presidente Fernández. Según la investigación, durante su mandato, se abonaron más de 3 millones de pesos en comisiones a intermediarios involucrados en estas contrataciones, lo que equivaldría a aproximadamente 17 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
El caso también incluye una auditoría que detalla 45 contrataciones sospechosas en las que participaron brokers, y que, según los informes, habrían favorecido a cinco compañías por sobre otras 20 del sector. La decisión de la Cámara de Casación Penal será crucial para determinar si estas medidas cautelares deben mantenerse y si los acusados deberán responder económicamente por los presuntos delitos cometidos.
