El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) rechazó el pedido presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para eliminar las restricciones de visitas en su domicilio de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena en el caso Vialidad. La solicitud había sido impulsada por su abogado Carlos Beraldi, quien planteó que limitar las visitas mediante un listado constituye “una violación al régimen de prisión domiciliaria”. Ahora, será la Cámara Federal de Casación Penal quien tenga la última palabra sobre si la expresidenta puede recibir libremente a quien desee en su departamento del barrio porteño de Monserrat.
En su resolución, el TOF 2, presidido por el juez Jorge Gorini e integrado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, sostuvo que los argumentos de la defensa no logran “conmover el razonamiento y los fundamentos” esgrimidos en el fallo del pasado 16 de junio, en el que se había dispuesto que las visitas permitidas debían limitarse a abogados, familiares, médicos y custodios. “El planteo exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta establecidas para el cumplimiento de la pena”, señalaron los jueces.
La defensa de Kirchner insiste en que no puede imponerse un filtro previo sobre quiénes la visitan, ya que considera que el régimen de prisión domiciliaria no contempla tal limitación. Sin embargo, mientras Casación analiza el recurso, seguirá vigente la restricción impuesta por el tribunal oral. Es decir, solo podrán ingresar a su domicilio las personas incluidas en un listado reservado que fue presentado este lunes en Comodoro Py. Cualquier ingreso por fuera de ese registro será considerado una violación a las condiciones del arresto.
La discusión ahora será evaluada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por el juez Gustavo Hornos e integrada por los magistrados Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Esta misma sala fue la que, en segunda instancia, confirmó la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra la exmandataria y otras ocho personas involucradas en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, con un perjuicio calculado en 85.000 millones de pesos.
Hasta tanto haya una resolución definitiva de Casación, la custodia de la expresidenta deberá verificar que todas las personas que ingresen al departamento figuren en el listado autorizado. De lo contrario, podrían considerarse incumplidas las reglas impuestas para la ejecución de la pena en su modalidad domiciliaria.
