La reforma electoral en la provincia de Buenos Aires continúa sin avances concretos, mientras el kirchnerismo y el massismo se reparten el control de las comisiones legislativas que deberían tratarla. Ni la boleta única de papel ni el proyecto de la Junta Electoral bonaerense para extender plazos lograron moverse un centímetro en la Legislatura, que además entra ahora en receso invernal.
El contraste con la experiencia nacional es elocuente. La boleta única de papel se utilizó con éxito en las elecciones de 2025 bajo la gestión de Javier Milei, con resultados transparentes, rápidos y sin las históricas denuncias de robo de boletas que caracterizaron al viejo sistema de listas partidarias. Un avance institucional que la Casa Rosada supo implementar mientras el peronismo bonaerense sigue debatiendo si conviene o no modernizar su propio sistema electoral.
El freno de Kicillof y el massismo
El reparto de poder legislativo en la provincia dejó las comisiones de reforma política divididas: el Senado bonaerense quedó en manos del massismo, y Diputados bajo control del kicillofismo. El resultado es previsible: ninguna de las dos avanzó con las iniciativas. En Diputados, directamente la comisión nunca se reunió, según confirmó a este medio uno de sus propios integrantes.
No sorprende. El oficialismo bonaerense tiene poco interés en modificar reglas que le garantizaron, elección tras elección, el manejo de aparatos territoriales y punteros en el conurbano. La boleta única de papel, que reduce drásticamente el margen para maniobras de manipulación y clientelismo electoral, no parece formar parte de las prioridades de un gobierno provincial que prefiere administrar la estructura tradicional del PJ antes que abrir el juego a la transparencia.
Un proyecto de la Justicia también cajoneado
El otro proyecto empantanado es el que impulsó la propia Junta Electoral provincial, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres. La iniciativa, aprobada el 14 de abril cuando aún presidía la jueza Hilda Kogan, propone extender los plazos electorales: llevar de 60 a 80 días el término para pedir el reconocimiento de alianzas, de 50 a 60 días la presentación de listas, y de 20 a 30 días la designación de autoridades de mesa.
Se trata de un pedido técnico, razonable y sin ninguna intención política, orientado simplemente a dar más tiempo y previsibilidad al proceso electoral. Sin embargo, más de tres meses después de su aprobación, desde la propia Junta Electoral admitieron que “no ha habido ningún avance relacionado con ese planteo”. Ni siquiera un cambio administrativo sin costo político logra moverse en la maquinaria legislativa bonaerense.
La Provincia, a contramano del rumbo nacional
Mientras a nivel nacional el gobierno de Milia consolida el orden macroeconómico, con inflación en baja, superávit fiscal y reglas de juego claras que empiezan a devolver previsibilidad a los argentinos, la provincia de Buenos Aires vuelve a mostrar la cara más rancia de la política tradicional: comisiones que no se reúnen, proyectos cajoneados y un peronismo bonaerense más preocupado por mantener privilegios que por modernizar las instituciones.
La Legislatura provincial recién retomará actividad en agosto, con la mitad del año legislativo ya perdido. Para millones de bonaerenses que este año volverán a votar bajo un sistema con menos garantías que el que ya funciona a nivel nacional, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo Kicillof y sus aliados legislativos seguirán posponiendo una reforma que la propia Justicia electoral pide desde hace meses?
