La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) intensifica sus esfuerzos para evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas, decretada recientemente por el gobierno de Javier Milei. En un giro inesperado, el gremio de pilotos argentinos ha solicitado el apoyo del gobierno de Brasil, a través de su contraparte, el Sindicato Nacional de Aeronautas (SNA), que agrupa a los pilotos brasileños. Según un comunicado del SNA, el viernes pasado mantuvieron una reunión con el ministro de Trabajo y Empleo de Brasil, Francisco Macena, para discutir la posible intervención de empresas brasileñas en el conflicto.
El SNA advirtió que “la posibilidad de que aerolíneas brasileñas se apoderen de las operaciones de Aerolíneas Argentinas, como propone el gobierno argentino, constituye una práctica antisindical”. El comunicado agrega que esta medida podría tener “consecuencias directas para los derechos laborales y sindicales en Brasil”. La postura del gremio brasileño fue rápidamente respaldada por APLA, que compartió la declaración en sus redes sociales. Pablo Biró, titular de APLA, lleva adelante una serie de medidas de fuerza desde agosto en demanda de una recomposición salarial del 70%.
Por su parte, el ministro Macena expresó su apoyo a las demandas del SNA y se comprometió a agendar una reunión con las autoridades aeroportuarias y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) para abordar la situación. Aunque hasta el momento no se ha pronunciado públicamente, el respaldo del gobierno brasileño podría complicar los planes del gobierno argentino, que ha iniciado conversaciones con aerolíneas privadas, entre ellas la brasileña Gol, para que asuman las rutas de Aerolíneas Argentinas en caso de nuevos paros.
La privatización de Aerolíneas Argentinas, oficializada a través del Decreto 873/2024, ha generado una fuerte resistencia por parte de los sindicatos. Según el decreto, el gobierno de Milei busca que la aerolínea funcione “en condiciones de mercado”, argumentando que esto permitirá una mejor prestación del servicio y un ahorro para el Estado, que desde la reestatización en 2008 ha invertido 8.000 millones de dólares en subsidios. El documento también señala el elevado número de pilotos en relación con las aeronaves activas, lo que consideran “desproporcionado” en comparación con los estándares internacionales. APLA refutó estas afirmaciones, defendiendo que la dotación actual de pilotos cumple con los estándares de la industria.
El conflicto, que ha visto una serie de paros entre agosto y septiembre, parece lejos de resolverse. Aunque APLA y la Asociación de Aeronavegantes (AAA) han suspendido temporalmente las medidas de acción directa, aún persisten tensiones entre el sindicato y el gobierno. En paralelo, está pendiente una protesta nacional convocada por la CGT para el 17 de octubre, que, aunque centrada en la reforma laboral, también incluirá el conflicto en Aerolíneas entre sus demandas. Mientras tanto, el gobierno busca allanar el camino para la privatización, lo que podría desencadenar nuevas medidas de fuerza por parte de los gremios aeronáuticos.
