La Confederación General del Trabajo (CGT), las CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), los movimientos sociales y las multisectoriales llevarán a cabo una paralización de 12 horas en todo el país, seguida de una movilización hacia el Congreso en rechazo de las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. Esta manifestación se posiciona como la primera gran protesta gremial en la era de Milei, abarcando diversas centrales obreras y movimientos sociales.
Las centrales obreras y otros grupos ratificaron su oposición al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y al proyecto de ley “Bases”, argumentando que “atentan contra los derechos laborales y todas las conquistas”. La protesta se enfoca en el rechazo a medidas que consideran un “ataque salvaje” afectando a los sectores más vulnerables y a los trabajadores, buscando reducir derechos laborales y jubilatorios, según expresaron representantes sindicales.
La protesta también aborda la reciente decisión del Poder Ejecutivo de presentar un proyecto de ley para restituir el pago de Ganancias, ahora renombrado como Impuesto a los Ingresos Personales, aplicando a aquellos que superen un ingreso de 1.350.000 pesos brutos. La medida ha generado críticas y se suma a las preocupaciones de los manifestantes, quienes denuncian que estas acciones significan un “achicamiento del Estado y la pérdida de miles de empleos”.
La jornada de protesta también incluye el rechazo al Protocolo Antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha generado controversia. Héctor Daer, cotitular de la CGT, considera el protocolo como una “aberración unilateral” y destaca que está siendo cuestionado en el Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La protesta, que se extiende a diversas provincias, busca expresar la oposición generalizada a las políticas del Gobierno y la defensa de los derechos de los trabajadores y la sociedad en su conjunto. La movilización también contará con el respaldo de partidos políticos como el Partido Justicialista (PJ) y organizaciones como Unión por la Patria (UXP).
