El Gobierno nacional logró un acuerdo clave con los gobernadores radicales para dar el primer paso hacia la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) en el Senado. La negociación, encabezada por el jefe de Gabinete Diego Santilli, suma un gesto más de la administración de Javier Milei en su búsqueda de modernizar y simplificar el sistema electoral argentino, eliminando una instancia costosa e innecesaria que durante años solo sirvió para financiar la rosca partidaria con fondos públicos.
Según trascendió, las gestiones estuvieron motorizadas por los mandatarios radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto a Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). A cambio de su respaldo, la Casa Rosada se comprometió a no entorpecer las estrategias electorales de estos gobernadores en sus propios distritos, un gesto de pragmatismo político que contrasta con el amiguismo y las trenzas oscuras que caracterizaron durante años al kirchnerismo y sus aliados territoriales del conurbano bonaerense.
Un paso más hacia la racionalización del Estado
La eliminación de las PASO se enmarca dentro de la agenda de reformas que impulsa el oficialismo para reducir el gasto político y hacer más eficiente el calendario electoral, en línea con el mismo espíritu de austeridad que llevó al equipo económico de Luis Caputo a conseguir el histórico superávit fiscal y controlar una inflación que, hace apenas dos años, carcomía el salario de los argentinos a niveles de tres dígitos anuales.
Mientras gran parte de la dirigencia opositora sigue atrincherada en privilegios y estructuras clientelares, el Gobierno de Milei insiste en achicar costos políticos superfluos, tal como hizo con la motosierra en el gasto público improductivo heredado del kirchnerismo. La suspensión de las PASO, lejos de ser un capricho, responde a un diagnóstico compartido por buena parte del arco político: las primarias, tal como estaban diseñadas, terminaron siendo una herramienta de disciplinamiento interno más que un mecanismo genuino de participación ciudadana.
Falta el PRO y la incógnita de los votos
El obstáculo que todavía resta despejar es el acuerdo con el PRO, que condiciona su apoyo a que antes se trate la Ley Ficha Limpia, la iniciativa que impide ser candidatos a los condenados por corrupción. La norma, impulsada originalmente por Silvia Lospennato, había perdido fuerza en el Senado tras maniobras del propio oficialismo, lo que generó cierta tensión entre los aliados libertarios y macristas.
Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, había reclamado precisión sobre los votos antes de avanzar, en un clima de cierta fricción interna que finalmente parece resolverse con el waterloo radical. Aun así, persiste la incertidumbre sobre si el oficialismo y sus aliados lograrán reunir los 37 votos necesarios para dar quórum el próximo martes, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales retome el debate.
Más allá de las internas propias de cualquier negociación legislativa, el trasfondo es claro: el Gobierno de Milei sigue construyendo consensos con gobernadores que privilegian la gestión responsable por sobre la especulación política, dejando en evidencia el contraste con la lógica de resistencia sistemática que caracteriza a referentes del kirchnerismo bonaerense, más preocupados por mantener privilegios que por acompañar reformas que el país necesita desde hace décadas.
